Por Felicia Osorio
Un entramado de corrupción y sobornos relacionado con el sector de los hidrocarburos en España involucra a varios ciudadanos venezolanos. La trama, que actualmente está siendo investigada por la Audiencia Nacional española, gira en torno al empresario español Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas Ruiz Capillas, quienes ya se encuentran en prisión. No obstante, en una fase inicial de la operación de supuesto soborno, primer intento que finalmente fracasó, participaron tres venezolanos residentes en Madrid: Henrique José Rodríguez Guillén, Diana Katherine Cortés Callejas y Alfredo Rafael Chirino Chirino.
El objetivo de Víctor Gonzalo de Aldama Delgado, según las investigaciones, era aprovechar sus conexiones en Venezuela para adquirir petróleo a precios competitivos, debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos. La idea era comprar el crudo venezolano para luego refinarlo y distribuirlo como combustible en España o almacenarlo para su posterior exportación, buscando beneficiarse de la exención del IVA en el proceso.
En este contexto, el 1 de marzo de 2021, el empresario petrolero venezolano Henrique José Rodríguez Guillén, en representación de la parte compradora y en asociación con De Aldama y Chirino, firmó un contrato de arras para la adquisición de un chalet en la exclusiva urbanización La Alcaidesa, ubicada en Cádiz, Andalucía. Este chalet, según las pesquisas, habría sido prometido al entonces ministro de Transporte, José Luis Ábalos. La compra inicial se frustró por motivos que aún se desconocen, después que la propiedad fuese localizada por Piedad, secretaria de De Aldama, a través del portal inmobiliario Idealista.com.
El chalet, el ministro y la petrolera
En un segundo intento, el chalet de La Alcaidesa fue finalmente adquirido por Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, basado en interceptaciones de intercambios de mensajes telefónicos y seguimientos, el exministro José Luis Ábalos habría disfrutado del chalet. Este informe forma parte del sumario del caso Koldo, una investigación sobre presuntas mordidas en contratos sanitarios durante la pandemia.
Claudio Rivas, propietario de la empresa Villafuel SL, buscaba obtener la autorización del Ministerio de Industria para operar como mayorista de productos petrolíferos. Para ello, contó con la mediación de Koldo García Izaguirre, asesor del entonces ministro Ábalos. Sin embargo, la autorización le fue denegada a Villafuel SL, lo que llevó a Rivas a solicitar el desalojo de Ábalos del chalet.
El informe de la Guardia Civil identifica a uno de los venezolanos como “Rafael Alfredo Chirino Chirino”. No obstante, pesquisas periodísticas han permitido corroborar que se trata de Alfredo Rafael Chirino Chirino. El mismo informe describe a Chirino Chirino como un empresario vinculado al comercio de oro y diamantes, además del sector petrolero. Sin embargo, una investigación independiente ha revelado que Chirino no posee experiencia previa en el negocio petrolero. De hecho, hasta hace pocos años no contaba con grandes fortunas y residía en la populosa parroquia Petare, en el estado Miranda, Venezuela.
Chirino: De la sombra de Ramos Allup al escándalo español
Alfredo Rafael Chirino es una figura conocida en la escena política venezolana por su militancia en el partido Acción Democrática (AD), donde ha formado parte del comité nacional. Es conocido por su estrecha relación con Henry Ramos Allup, secretario general de AD. De hecho, Chirino se convirtió en una presencia constante en el entorno de Ramos Allup durante la presidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela ejercida por Ramos en 2016, tras la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias de 2015.
Chirino actuaba como una especie de edecán para Ramos Allup, quien lo nombró director general del despacho de la presidencia del parlamento para el período 2016-2017.
Alfredo Rafael Chirino acompañó a Diana D’Agostino, la esposa de Ramos Allup, en sus actividades de de campaña electoral, cuando fue candidata a alcaldesa del municipio el Hatillo del estado Miranda en 2013.
Cabe destacar que familiares cercanos de Ramos Allup han estado involucrados en polémicos negocios petroleros en Venezuela. Uno de ellos fue sancionado por Estados Unidos en enero de 2021 por su participación en el comercio de crudo venezolano, dos meses antes de que Chirino y Henrique Rodríguez mostraran su interés en la compra del chalet en Cádiz, destinado a Ábalos, según el informe de la UCO.
Ramos Allup también participó en una rueda de prensa junto a la líder opositora María Corina Machado y Edmundo González Urrutia el 29 de julio de 2024 en Caracas. Esta rueda de prensa se realizó un día después de las elecciones presidenciales venezolanas, en las que González Urrutia se presentó como candidato con el apoyo de Machado. Los resultados oficiales dieron la victoria a Nicolás Maduro, pero Machado, González y el resto de la oposición los consideran fraudulentos. La presencia de Ramos Allup en la rueda de prensa se interpretó como un gesto de apoyo a González y Machado.
Rodríguez Guillén: Un petrolero con experiencia
A diferencia de Alfredo Chirino, Henrique José Rodríguez Guillén sí cuenta con una amplia trayectoria en el sector petrolero. Fue presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela entre 2002 y 2004 y mantuvo una estrecha relación con Bernardo Álvarez Herrera, quien ocupó el cargo de viceministro de Hidrocarburos de Venezuela entre 2000 y 2003.
Álvarez también fue presidente de PDV Caribe en 2014 y de Petrocaribe en 2015, época en la que Rodríguez Guillén continuó manteniendo proximidad con Alvarez, quien luego se desempeñaría como Embajador de Venezuela ante la OEA (2015-2016), tras haber sido además Embajador de Venezuela ante los Estados Unidos (2009-2010).
PDV Caribe es la empresa responsable de la red de transporte de hidrocarburos de Petrocaribe, incluyendo buques, instalaciones de almacenamiento, terminales portuarias y capacidad de refinación y distribución.
Petrocaribe, por su parte, es una iniciativa energética impulsada por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en 2005. Su objetivo era suministrar petróleo a países del Caribe y Centroamérica bajo acuerdos financieros preferenciales.
El informe de la UCO señala que Chirino conoció a Koldo García a través de Víctor de Aldama y que buscaba fortalecer sus vínculos con el Ministerio de Transportes español. A pesar del fracaso en la compra del chalet en 2021 por parte de Chirino y Rodríguez Guillén, Chirino continuó reuniéndose con Koldo, como lo demuestra su encuentro en el restaurante La Chalana, el 29 de noviembre de 2023.
Cortés Callejas: La intermediaria inmobiliaria
Otra pieza clave en esta trama es Diana Katherine Cortés Callejas, una corredora inmobiliaria venezolana residente en España. De ascendencia colombiana y oriunda del estado Táchira en Venezuela, Cortés Callejas participó en las gestiones para la compra del chalet en La Alcaidesa.
Alfredo Chirino, Henrique Rodríguez Guillén y Diana Katherine Cortés se interesaron por la propiedad, contactaron con la inmobiliaria, visitaron el chalet y se informaron sobre las condiciones de la compraventa. Posteriormente, transmitieron esta información a Víctor de Aldama, quien a su vez se la comunicó a Koldo García, encargado de la comunicación directa con el entonces ministro José Luis Ábalos.
Resulta llamativo que el informe de la UCO sitúe a Henrique Rodríguez Guillén, un empresario petrolero con experiencia, en un segundo plano respecto a la toma de decisiones, por debajo de Alfredo Chirino. En una ocasión, De Aldama le expresó a Chirino su molestia porque Rodríguez Guillén había intentado concertar una reunión con un tercero sin informar a Chirino o a él mismo. El informe describe a Rodríguez Guillén como alguien vinculado a Chirino, aunque no especifica el tipo de relación y destaca que Chirino parecía tener mayor autoridad en la toma de decisiones.
La fallida reunión con la vicepresidenta
Víctor de Aldama incluso llegó a programar una reunión entre Alfredo Chirino y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez durante una posible visita de esta a España en enero de 2020. Esta visita coincidió con el incidente del breve aterrizaje de la vicepresidenta en el aeropuerto de Barajas el 20 de enero de 2020. Sin embargo, no se ha esclarecido qué pretendían lograr Aldama y Chirino con esta reunión.
La función de Diana Katherine Cortés en la trama se limitó al ámbito administrativo. Se encargó de negociar el precio con la inmobiliaria vendedora y de determinar si el chalet destinado a Ábalos se compraría con o sin mobiliario.
En los mensajes interceptados por la UCO, se observa cómo Aldama le pregunta a Koldo García si “el jefe” (se presume que se refiere a Ábalos) preferiría la casa con o sin muebles, ya que los vendedores estaban dispuestos a rebajar el precio si se prescindía del mobiliario. Aldama consultó con Koldo, quien a su vez trasladó la pregunta a Ábalos. La respuesta del ministro fue tajante: “Que te dejen el piano”.
“La decisión relativa a los muebles de esta vivienda recayó en Ábalos, a quien Koldo
pide confirmación permanente de las acciones a tomar con respecto al inmueble”, concluye el informe de la UCO.
Dos casos, un mismo investigado: Víctor de Aldama
La Audiencia Nacional española investiga actualmente dos casos relacionados: el fraude de hidrocarburos y el caso Koldo, centrado en presuntas irregularidades en contratos sanitarios.
El Juzgado Central de Instrucción número 5 inició en octubre de 2024 la investigación sobre la trama de hidrocarburos a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Las diligencias se encuentran bajo secreto de sumario y ya se han llevado a cabo decenas de registros y detenciones de personas vinculadas a la presunta organización criminal.
Por otro lado, el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional investiga desde febrero de 2024 la trama Koldo, que se centra en presuntas comisiones millonarias en contratos sanitarios durante la pandemia. En este caso, una operación policial se saldó con siete detenidos, quienes aún permanecen bajo investigación judicial.
El nexo común entre ambos casos es Víctor de Aldama, quien presuntamente utilizaba sus contactos políticos para facilitar negocios fraudulentos, ahora bajo la lupa de la justicia. Fuentes cercanas al comisionista aseguran que Aldama actuaba como intermediario entre empresarios y responsables políticos que podían favorecer sus negocios. Uno de sus principales apoyos era Koldo García Izaguirre, exasesor del ministro José Luis Ábalos y con excelentes relaciones con otros altos cargos del Gobierno español.
“Aldama era el nexo corruptor”, afirmaron los agentes de la UCO en los últimos avances de la investigación del caso Koldo, días antes de que se ordenara el ingreso en prisión de Aldama por su implicación en la trama de hidrocarburos.
Henrique José Rodríguez Guillén, el empresario que intentó comprar el chalet en España para el exministro Ábalos, es conocido por ser propietario del consorcio de empresas Suelopetrol y otras compañías relacionadas con el sector.
Suelopetrol: De los servicios sísmicos a la exploración y producción
Suelopetrol C.A. fue fundada en Caracas el 26 de enero de 1984 por un grupo de inversores venezolanos con el objetivo de satisfacer la demanda de servicios sísmicos especializados para la industria petrolera local. Ese mismo año, Lagoven (una de las filiales originales de PDVSA) adjudicó a Suelopetrol un contrato para realizar un estudio sísmico en el norte del estado Monagas, combinando por primera vez en Venezuela explosivos y vibradores de alta potencia en buggies como fuente de energía para los estudios. Suelopetrol C.A. está presidida por Henrique José Rodríguez Guillén.
Suelopetrol diversificó su actividad en la industria petrolera venezolana con la creación de “Suelopetrol, Exploración y Producción (SEPCA)”, una nueva filial que inició sus operaciones en Venezuela en 1997, durante el segundo mandato presidencial de Rafael Caldera, en el campo Cabimas, ubicado en el occidente del país.
Henrique Rodríguez Guillén ha estado vinculado en Venezuela a otras empresas como Hacienda Bosques de La Lagunita II, C.A., Corporación Cuatro Cerros, C.A., Holding Rodesca, C.A., Suelotec, C.A., Rigel Desarrollos y Proyectos, C.A., Promotora Colinas de La Lagunita I, C.A. e Inversiones Rodesca, C.A. Algunas de estas empresas se dedican al negocio petrolero y otras a la construcción de viviendas.
Suelopetrol también ha operado en Colombia en la exploración y explotación de hidrocarburos.
En España, Henrique Rodríguez Guillén administra las sociedades Suelopetrol Internacional SL, Suelopetrol SL, Suelopetrol Exploración y Producción SL y Roalco Capital SL, entre otras, dedicadas a la actividad de hidrocarburos e inmobiliaria.
Disputa contractual con antiguos socios
Un conflicto contractual entre el empresario venezolano Henrique Rodríguez Guillen y el matrimonio conformado por Carlos Domínguez Zeitler y Vilma Lloret de Domínguez, por la compra de acciones de una compañía petrolera venezolana, llegó a la corte del Distrito Sur de Texas en 2021.
Los Domínguez, quienes eran dueños del 12.66% de las acciones de Suelopetrol Matriz C.A. (“Matriz”), alegaron que en noviembre de 2014, Rodríguez les ofreció comprar la mitad de sus acciones por 15.1 millones de dólares. El acuerdo establecía que Rodríguez pagaría una cuarta parte del monto (casi 3.8 millones de dólares) para el 28 de diciembre de 2014 y el resto (11.3 millones de dólares) para el 10 de febrero de 2015. Rodríguez cumplió con el primer pago en la fecha acordada.
Sin embargo, en la fecha límite para el segundo pago, Rodríguez solicitó una prórroga hasta el 30 de junio de 2015, la cual le fue concedida por los Dominguez. Esta dinámica de extensiones se repitió durante varios años, con la firma de pagarés en septiembre de 2016, noviembre y diciembre de 2017, y junio de 2018. Finalmente, en diciembre de 2019, se firmó un Acuerdo y un Pagaré que consolidaban la deuda y establecían una nueva fecha límite de pago para el 31 de diciembre de 2020.
Rodríguez incumplió con este último plazo, lo que llevó a los Domínguez a presentar una demanda en su contra y en contra de las empresas Suelopetrol Exploracion y Production S.L. (“Suelopetrol”), Suelotec S.A. (“Suelotec”) y Suelopetrol Corporation, de las cuales Rodríguez es representante legal, por incumplimiento de contrato, enriquecimiento injusto, fraude y otras causas.
La decisión de la corte
La corte determinó que las cláusulas de selección de foro eran de carácter obligatorio, lo que significa que las partes habían acordado de forma expresa que cualquier disputa se resolvería exclusivamente en las cortes de Houston.
Los demandados argumentaron que la cláusula del acuerdo no era válida porque la copia adjunta a la demanda solo tenía la firma de Rodríguez y no la de los Domínguez. Sin embargo, la corte desestimó este argumento, ya que la demanda de los Domínguez afirmaba que todas las partes habían firmado el acuerdo y se presentó como evidencia una copia del Acuerdo con las firmas de todos los involucrados, incluyendo a los Domínguez.
Basándose en las cláusulas de selección de foro y en la evidencia presentada, la corte concluyó que sí tenía jurisdicción personal sobre los demandados, incluyendo a Rodríguez, Suelopetrol y Suelotec.
En consecuencia, la moción para desestimar la demanda por falta de jurisdicción personal fue denegada por el juez Hanks.
Continuando con el caso inicial, los Dominguez presentaron una moción para un juicio sumario parcial, esta vez enfocada específicamente en el incumplimiento del Pagaré de 2019. El Juez Magistrado Andrew M. Edison se encargó de esta fase del litigio emitiendo una sentencia a favor de los demandantes Carlos Domínguez Zeitler y Vilma Lloret de Domínguez en su demanda contra Henrique Rodriguez Guillen y las empresas Suelopetrol Corporation, Suelopetrol Exploracion y Produccion S.L., y Suelotec S.A. El litigio, que se llevó a cabo en la Corte del Distrito Sur de Texas, giró en torno a una serie de reclamos, incluyendo incumplimiento de contrato, pagaré, dinero recibido, garantía de pago, impedimento promisorio, enriquecimiento injusto, fraude común y fraude estatutario.
La sentencia del 18 de octubre de 2023 se centró específicamente en la moción de los demandantes para un juicio sumario parcial sobre el incumplimiento de contrato del pagaré. El Juez Edison, tras analizar las pruebas y argumentos presentados por ambas partes, decidió a favor de los demandantes.
El caso se originó por el pagaré, firmado el 5 de diciembre de 2019, en el que los demandados se comprometían a pagar a los demandantes la suma de $4,163,774.97 antes del 31 de diciembre de 2020. A pesar del plazo establecido, los demandados no realizaron ningún pago, lo que llevó a los demandantes a iniciar acciones legales.
El juez les ordenó a los demandados -incluido el empresario Henrique Rodríguez, implicado la trama de hisdrocarburos en España- pagar la suma de $4,163,774.97, más los intereses pre y post juicio, así como los honorarios de los abogados, que se determinarían en una fecha posterior.
