Los hermanos José y Chamel Gaspard Morell, prófugos de la justicia venezolana y residentes en Panamá, podrían haber pagado sobornos a altos funcionarios del gobierno del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024). Se sospecha que estos pagos ilícitos fueron dirigidos a miembros del círculo cercano de Cortizo, incluyendo los círculos cero del exvicepresidente José Gabriel Carrizo y de la excanciller Janaina Tewaney Mencomo (2022-2024). Tewaney Mencomo habría sido una de las funcionarias implicadas en obstaculizar la extradición de los hermanos Gaspard Morell a Venezuela.
Los hermanos Gaspard son acusados de fraude y estafa contra inversores. Se presume que pagaron coimas para evitar que prosperara una solicitud de extradición emitida por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Además, habrían logrado que no se ejecutara en suelo panameño una orden de captura internacional con alerta roja de Interpol, solicitada por Venezuela.
A pesar de utilizar el territorio y el sistema financiero panameño para parte de sus operaciones fraudulentas, los hermanos Gaspard lograron que no se investigara ni se hiciera nada al respecto en Panamá. Se cree que esto fue posible gracias a las altas sumas de dinero que pagaban mensualmente por protección en territorio panameño, donde residen con sus familias.
La intervención de Rolando “El Picuiro” López
Otro de los sospechosos de beneficiarse de las coimas es Rolando “El Picuiro” López, quien se desempeñó como director del Consejo de Seguridad Nacional de Panamá durante la administración de Juan Carlos Varela (2014-2019). López intervino después de que el 8 de enero de 2024, José Gaspard Morell fuera retenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá. Gaspard Morell intentaba abordar un vuelo de Panamá a México utilizando un pasaporte español. La retención se debió a la alerta roja de Interpol que pesa sobre él.
Según testigos, Rolando López se presentó en el aeropuerto y, a pesar de no tener un cargo conocido en el Gobierno panameño en ese momento, utilizó sus influencias para intimidar a los funcionarios que habían realizado la detención. López logró que trasladaran a José Gaspard a otra área de seguridad de mayor comodidad. A pesar de la detención, José Gaspard consiguió ser liberado, burlando así a Interpol.
Con sus acciones, López demostró formar parte de la estructura de protección de la que gozaban los Gaspard en la administración de Laurentino Cortizo. Aunque López no era funcionario del Gobierno de Cortizo, parecía tener aún influencias poderosas. Ello contrasta con el hecho de que López fue hombre de confianza de Juan Carlos Varela, quien llegó a manifestarse en contra del Gobierno de Cortizo. Sin embargo, aparentemente López se entendía bien con las altas esferas de la administración Cortizo.
¿Protegidos también por el Gobierno de Mulino?
Tras la llegada al poder del actual presidente José Raúl Mulino, no se ha ordenado una investigación sobre las acciones de los funcionarios del Ministerio Público panameño, ni de Rolando López, ni de figuras del gobierno de Laurentino Cortizo. Tampoco se ha investigado a los magistrados panameños que, en el actual gobierno, emitieron una decisión para no dar curso en Panamá a la solicitud de extradición contra José Gaspard.
Para fuentes políticas familiarizadas con la situación, surgen interrogantes sobre cuánto dinero debió haber costado esto y cuánto deben haber pagado o estar pagando los hermanos para evitar ser extraditados. Entonces, cabe preguntarse si este nuevo gobierno de Mulino, que se presenta como un luchador contra la corrupción, es acaso cómplice y protector también de los Gaspard. ¿Dónde queda la supuesta lucha contra la corrupción? ¿Son acaso funcionarios del actual gobierno cómplices también y protectores de los hermanos Gaspard Morell? ¿Cuántos funcionarios participan en tantos actos jurídicos para proteger a los Gaspard?, se preguntan las fuentes.
Un abogado panameño, conocedor del asunto, opinó que se debe hacer un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie al respecto. El jurista cuestiona la inacción del gobierno actual y sugiere la necesidad de una intervención externa para esclarecer los hechos.
Apartamentos vinculados en Panamá a los Gaspard y el exalcalde venezolano Antonio Ledezma
Otro caso relacionado con los Gaspard es el de los apartamentos ubicados en el P.H. Oceanaire en la ciudad de Panamá. Los propietarios legales de estos inmuebles son hijos de los hermanos Gaspard, quienes se sospecha actúan como testaferros, y familiares del exalcalde opositor venezolano Antonio Ledezma, incluyendo su esposa y una hijastra. Dado que los Gaspard fueron contratistas de los gobiernos de Ledezma en Venezuela, se presume que los apartamentos fueron adquiridos como fruto de la corrupción.
A pesar de las denuncias sobre la tenencia de estos apartamentos, que se sospecha fueron comprados con fondos provenientes del blanqueo, no se ha abierto una investigación en Panamá. Esto hace sospechar complicidad por parte de figuras de la administración de José Raúl Mulino.
Mulino ha mantenido un discurso de respaldo a la líder opositora venezolana María Corina Machado y al excandidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia. Esto se intensificó luego de que la oposición venezolana desconociera los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024, en la que Nicolás Maduro fue reelecto. Mulino, en desacuerdo con los resultados oficiales, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela al día siguiente de las elecciones.
El respaldo de Mulino a Machado y González Urrutía parece haber asumido un carácter de honor, al punto de ignorar la vinculación de los apartamentos en Panamá con Antonio Ledezma, quien se ha convertido en una especie de asesor para González Urrutia en España, dado el exilio de ambos en Madrid. El respaldo del gobierno de Mulino a Machado y González parece traducirse en un endoso de protección hacia Ledezma y su esposa, especialmente en el caso de los apartamentos.
Entendidos en la materia consideran que otro que debe pronunciarse es el procurador general de la Nación de Panamá, Javier Enrique Caraballo, para esclarecer estos hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
