El Ministerio Público venezolano ha logrado un avance significativo en su lucha contra el crimen organizado. A solicitud del Ministerio Público, el Juzgado 27º en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas emitió el pasado 27 de junio de 2024 una orden de captura contra José Youssef Boutros, conocido en los círculos delictivos como “el multiestafador de Caracas”. Este individuo, que anteriormente se jactaba de ser un informante clave en el escándalo PDVSA-Cripto, ahora se enfrenta a graves acusaciones que incluyen estafa, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
La red de engaños tejida por Boutros se extendía como una telaraña por el submundo financiero de Caracas. Utilizando como fachada las populares tiendas Café Kaldi, el astuto estafador atraía a sus víctimas con la promesa de jugosos rendimientos mensuales del 20% sobre supuestas inversiones en bienes y servicios. Gracias a la complicidad de jueces, fiscales y agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), José Youssef Boutros había logrado evadir a la justicia.
La magnitud de la estafa es abrumadora. Según las estimaciones del Ministerio Público, el daño patrimonial asciende a la astronómica cifra de 6 millones de dólares estadounidenses. Esta suma incluye no solo el capital sustraído, sino también intereses no pagados y propiedades inmobiliarias de las que Boutros se apropió indebidamente. El esquema Ponzi orquestado por el “Multiestafador” no solo drenó los bolsillos de sus víctimas, sino que también socavó la confianza en las instituciones judiciales de Venezuela.
La red de complicidad que permitió a Boutros evadir la justicia durante tanto tiempo es tan intrincada como preocupante. Entre sus cómplices más cercanos se encuentran miembros de su propia familia, incluyendo a sus hermanos. Además, dos figuras clave en la trama de Boutros son Yisel Soares Padrón y Rorssiris Aneleys Calzadilla, quienes supuestamente actuaron como operadoras de confianza en el entramado criminal, según el medio en línea AlbertoNews.
Yisel Soares Padrón, una abogada de profesión, se vio envuelta en una polémica en 2005 cuando la prensa venezolana publicó una fotografía que supuestamente la mostraba detenida en 1996. La razón de su presunta detención era su supuesta implicación intelectual en el asesinato del empresario César Augusto Manduca Carlomagno, ocurrido en noviembre de 1993. Sin embargo, en respuesta, Soares Padrón interpuso una acción de amparo constitucional de “hábeas data” contra el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). El objetivo de esta acción legal era eliminar de los registros fotográficos del CICPC la imagen en cuestión. Ante esta solicitud, el CICPC respondió que Soares Padrón no tenía antecedentes penales en sus archivos.
Soares se ha desempeñado como abogada del activista político Leocenis García, excuñado del periodista Alberto Rodríguez Palencia, editor de AlbertoNews, uno de los medios de comunicación venezolanos en línea que han denunciado las actividades ilícitas de los hermanos Youssef Boutros y la supuesta implicación de Soares en tales hechos.
El medio 6ToVision, perteneciente a García, también ha dado a conocer con anterioridad detalles del caso, que luego han dejado de estar disponibles en su web.
Por su parte, Rorssiris Aneleys Calzadilla, quien se ha desempeñado como fiscal auxiliar noveno del Ministerio Público en Caracas, ejemplifica cómo la red de Boutros se infiltró incluso en las filas de quienes deberían perseguir el delito.
La fachada del café y la red de cómplices
En el corazón de Las Mercedes, una de las urbanizaciones más exclusivas de Caracas, se encuentra Café Kaldi, un establecimiento que, bajo su apariencia de sofisticado local gastronómico, ocultaba una de las operaciones fraudulentas más audaces de Venezuela. Propiedad de Sarkis Youssef Boutros, hermano del infame José Youseff Boutros, este café se convirtió en el epicentro de una pirámide financiera que ha sacudido los cimientos económicos de la capital venezolana.
La estrategia de captación era tan simple como efectiva: Café Kaldi seducía a potenciales inversores ofreciendo divisas extranjeras a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) y dólares estadounidenses, prometiendo rendimientos que rozaban lo milagroso. Sin embargo, detrás de estas promesas se escondía un laberinto de engaños donde las víctimas quedaban atrapadas en una red de falsas expectativas y excusas inverosímiles.
“Tenemos que techar el dinero antes de que puedan cobrar”, era la frase críptica con la que los operadores de Café Kaldi justificaban los retrasos en los pagos, una clara señal de la intención de retener indefinidamente los fondos de los incautos inversores. Para añadir un velo de legitimidad a sus operaciones, los cerebros detrás de este esquema no dudaban en alardear de supuestos vínculos con altas esferas del poder, llegando incluso a mencionar conexiones directas con un gobernador estadal.
En este entramado de mentiras y manipulaciones, emerge la figura de Miguel Pérez, oriundo de Barquisimeto, quien se proclamaba poseedor de un permiso exclusivo de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) para la minería de criptomonedas en la zona industrial de su ciudad natal. Pérez, cual titiritero en las sombras, presumía de sus conexiones con personalidades influyentes, incluyendo altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), tejiendo así una red de supuesta influencia que dificultaba aún más que las víctimas buscaran justicia.
Cuando el castillo de naipes comenzaba a tambalearse, y los inversores exigían respuestas, eran conducidos a la oficina de Café Kaldi. Allí, en un despliegue de cinismo y manipulación, tanto Pérez como Youseff intentaban justificar sus acciones alegando que la operación formaba parte de los esfuerzos de Café Kaldi para apoyar el programa de bolsas CLAP, una iniciativa gubernamental destinada a proporcionar alimentos básicos a comunidades vulnerables. Esta táctica no solo buscaba apaciguar a los inversores furiosos, sino también envolver sus actividades ilícitas en un manto de supuesta responsabilidad social.
El núcleo duro de esta organización criminal estaba compuesto por un círculo íntimo de confianza. Sarkis Youssef Boutros, hermano de José, junto con Rashed y Pablo, amigos de infancia de Sarkis, formaban el eje central de esta banda especializada en captar dinero a intereses exorbitantes. Su modus operandi ha llevado a que este esquema sea considerado una de las estafas Ponzi más grandes en la historia reciente de Venezuela, dejando un reguero de víctimas.
La caída de José Youssef Boutros marca un hito en la lucha contra el crimen organizado en Venezuela. Sin embargo, también deja al descubierto las profundas raíces de la corrupción en diversos estratos de la sociedad. Mientras las autoridades se apresuran a cerrar el cerco sobre el “Multiestafador de Caracas”, queda por ver cuántos más caerán en esta red de engaños y complicidades que ha sacudido los cimientos del sistema judicial venezolano.
