El caso de Daniel Sancho ha dejado una huella imborrable en la imagen internacional de España, marcada por un episodio que, según el periodista Joaquín Campos, debería haber llegado a los tribunales: la censura de unos audios que evidenciaban la compra de un falso testigo por parte de Rodolfo Sancho, padre del acusado.
Campos denunció en el portal Hércules que durante más de tres meses y medio, estos audios, que comprometían seriamente la defensa de Daniel Sancho, fueron silenciados por órdenes superiores. Una fuente dentro de una productora le habría confirmado esta censura, explicándole que era la razón por la que se había paralizado una exclusiva sobre el caso en su momento más álgido.
El 14 de mayo de 2024, el programa Código 10 de Cuatro expuso mensajes de texto entre Rodolfo Sancho y “Chipirrás”, en los que se evidenciaba la negociación con un tal Nilson, presentado inicialmente como un exnovio de Edwin Arrieta, la víctima. En estos mensajes, Rodolfo prometía “un regalito” a Nilson a cambio de su testimonio, reconociendo incluso que no podía parecer que le estaba pagando como testigo para evitar la nulidad de su declaración ante el juez.
El programa también reveló la existencia de comprobantes de transferencias bancarias por cerca de 10.000 euros, una cantidad que superaba con creces el coste de un visado y un billete de avión. La promesa de Rodolfo de ayudar a Nilson a “comprar la casa de sus sueños” asestó un duro golpe a la defensa de Daniel Sancho.
El silencio mediático y el blanqueamiento de la defensa
A pesar de la gravedad de las revelaciones, la emisión de los audios prometidos por Código 10, que según los comentaristas eran aún más explícitos, nunca se produjo. El tema se desvaneció del panorama mediático, incluso en la competencia, como si se hubiera orquestado un silencio generalizado. Campos lo compara con la hipotética situación de que un canal informara sobre la muerte de una famosa cantante y el resto lo ignorara, sugiriendo un “complot general” para blanquear la imagen de Daniel Sancho, incluso después de que se confirmara su participación en el macabro asesinato.
Sin embargo, tras la sentencia a cadena perpetua dictada contra Daniel Sancho, dos programas españoles finalmente emitieron los audios. Estos audios, tal como se esperaba, confirmaron la actuación, cuando menos cuestionable, de la defensa de Sancho, que se movió entre la amoralidad, la ilegalidad y el esperpento.
Es importante destacar que la emisión de los audios se produjo después de que Laura Rodríguez, una periodista nicaragüense con un canal de YouTube reconocido, los publicara junto con las transferencias bancarias. Fue entonces cuando Código 10, el programa que los había ocultado durante meses, y otro programa llamado “Fiesta” decidieron emitirlos.
La polémica por la ocultación de los audios y sus posibles consecuencias
La emisión tardía de los audios generó una gran controversia, no por su contenido, que ya era conocido o intuido, sino por la decisión de la productora Mandarina, responsable de Código 10, de ocultarlos hasta después de la sentencia. Esto llevó a cuestionamientos sobre los motivos detrás de esta decisión, ya que mostrar audios no es delito si la información es de interés general y una de las partes está de acuerdo.
Campos recuerda que magistrados españoles han respaldado el derecho a la información en casos similares, considerando que la publicación de audios veraces y de interés general está amparada por la ley. Si estos audios y las transferencias bancarias se hubieran hecho públicos en su momento, Rodolfo Sancho y su defensa podrían haber sido investigados, y el tribunal tailandés habría tenido acceso a información relevante sobre su modo de proceder.
La ocultación de los audios, según Campos, actuó como una “bombona de oxígeno” para Daniel Sancho y su padre, Rodolfo, quien, a juicio del periodista, no tenía derecho a manchar la imagen de Edwin Arrieta, su expareja, quien ya no puede defenderse.
Las consecuencias de la manipulación mediática y la hipocresía de la defensa
Joaquín Campos lamenta que ahora, cuando el juicio en Tailandia ha concluido, se exijan rectificaciones a las productoras que ocultaron los audios, las cuales han optado por guardar silencio al respecto. Incluso Beltrán García Montes, abogado defensor de Rodolfo Sancho, ha negado tener conocimiento de los audios y las transferencias.
Campos critica la manipulación mediática que ha rodeado el caso, en la que se ha ayudado a la defensa de un asesino mientras se difamaba a la víctima con acusaciones falsas de narcotráfico, violencia y tráfico de órganos. Denuncia el blanqueamiento de la imagen de Daniel Sancho y la hipocresía de quienes ahora se muestran preocupados por la ética periodística cuando antes contribuyeron a desviar la atención del verdadero problema: la culpabilidad de un asesino confeso.
El periodista concluye su artículo con una reflexión sobre el papel de los medios de comunicación en la construcción de la opinión pública y la necesidad de una mayor responsabilidad a la hora de informar sobre casos tan delicados como el de Daniel Sancho.
La doble moral en el caso Daniel Sancho
Un aspecto que merece ser destacado, y que quizás no ha recibido la atención suficiente en el análisis de Joaquín Campos, es la doble moral que se ha evidenciado en el tratamiento mediático del caso Daniel Sancho. Mientras se ha cuestionado la ética de las productoras que ocultaron los audios, se ha pasado por alto la responsabilidad de quienes difundieron información falsa y dañina sobre Edwin Arrieta.
Se ha acusado a la víctima de ser narcotraficante, violento y traficante de órganos, sin pruebas que respalden estas afirmaciones. Estas acusaciones, que circularon libremente en los medios de comunicación, contribuyeron a crear una imagen negativa de Arrieta y a desviar la atención de la gravedad del crimen cometido por Daniel Sancho.
Es necesario reflexionar sobre el impacto que este tipo de informaciones tiene en la opinión pública y en la percepción del caso. La difamación de la víctima no solo es injusta, sino que también puede influir en el desarrollo del proceso judicial y en la decisión del tribunal.
En este sentido, la exigencia de rectificaciones a las productoras que ocultaron los audios debería ir acompañada de una condena firme a quienes difundieron información falsa sobre Edwin Arrieta. La búsqueda de la verdad y la justicia exige una mirada crítica y responsable por parte de todos los actores involucrados en el caso, incluyendo los medios de comunicación.
