Por Marcos David Valverde
Armando.info
Cuando las sanciones dificultaron tanto las exportaciones de Pdvsa como su cobranza, un pequeño banco de la isla de Dominica se puso a valer. Era el Compass Bank, controlado por la familia De Grazia, accionistas en Venezuela, junto a Samark López, de Bancamiga. Ambas instituciones financieras eran principio y final de un ducto por el que circulaban los dineros obtenidos por las ventas de petróleo en mercados globales alternativos, y cuyo esquema, incluido el cobro de comisiones, originó el caso Pdvsa-Cripto.
La familia De Grazia, guayanesa pero con orígenes todavía frescos en Italia, cuyos negocios pasaron de la noche a la mañana de la gastronomía y los despachos de abogados a la actividad bancaria, aportó un eslabón necesario para que la estatal Pdvsa evadiera las sanciones internacionales durante la gestión de Tareck El Aissami como Zar del Petróleo.
El pivote para ese fin fue un pequeño banco, el Compass Bank & Trust Corp, fundado en 2013 en Dominica, una de las Antillas Menores del Caribe suroriental, a la que en 2021 la Unión Europea catalogó como un paraíso fiscal.
En esos años las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro y su principal producto de exportación actuaban como un lastre para los embarques de petróleo venezolano, que a duras penas solo conseguían enrumbarse hacia puertos alternativos y a los llamados mercados spot. La manera que El Aissami entonces implementó para mantener el negocio en marcha sirvió como germen inicial del caso después conocido como Pdvsa-Cripto: los fondos obtenidos por las ventas internacionales del petróleo sujeto a sanciones se enviaban a cuentas en países asiáticos, desde donde se blanqueaban, convirtiéndolos en criptomonedas que, al final del ciclo, se cambiaban por monedas duras para acumularlas en el Compass Bank de Dominica. La travesía se completaba con la llegada de las divisas en efectivo a Venezuela.
En el esquema participaban los hermanos Carmelo, Levin y Daniel De Grazia, caras visibles de Bancamiga entonces, así como de un grupo de negocios en varios países. El trío, junto con Samark López, el oculto accionista principal del banco y, según la justicia de Estados Unidos, socio y testaferro de El Aissami, quedaron bajo arresto en las publicitadas redadas que el gobierno de Maduro practicó por el caso Pdvsa-Cripto.
Ahora, por documentos que Armando.info revisó y cotejó, se corrobora que Compass Bank sirvió de canal para conducir fondos a Pdvsa que, de otra manera, la corporación no tenía cómo recibir por efecto de las sanciones internacionales. Aunque todo tenía un precio: una porción del dinero que pasaba por las bóvedas del banco caribeño se destinaba a pagar los sobornos que en el esquema beneficiaban, además de a El Aissami, a otros involucrados; los De Grazia y el propio Samark López entre ellos.
El legajo de archivos revisados se divide en facturas de transferencias, el expediente judicial del caso Pdvsa-Cripto, actas constitutivas de Compass Bank y perfiles de las personas relacionadas con ambas instituciones que, de una forma solapada, fungieron como puentes para la concreción de las transacciones.
La mesa de acción De Grazia
En un documento expedido el 30 de abril de 2014 por la Mancomunidad de Dominica quedó acreditada la constitución, iniciada el año anterior, de Compass Bank Corporation, con el abogado Pedro Manuel Mezquita Arcaya como director y presidente.
Mezquita, además de socio de los De Grazia en un bufete, en el banco, en casas de valores y hasta en alguna producción cinematográfica, también lo fue del señalado financiero, Luis Alfonso Oberto Anselmi, en la empresa Comercializadora Inver Publix 797, C.A.
Cuatro años después, las apostillas del documento muestran que directores, socios y accionistas se multiplicaron en el Compass Bank. En la lista, revisada para este trabajo, despuntan los nombres de Garlina Josefina Requena Franco, Daniel José de Grazia Suárez y Alfredo Luis Porteles. Los tres son directivos de Bancamiga, Banca Universal, C.A.
Daniel José no es el único entre los De Grazia Suárez cuyo nombre a la larga figuraría en la junta directiva de Bancamiga. Los de Carmelo de Grazia Suárez y Levin Salvatore De Grazia Suárez también.
La tradición familiar de los De Grazia dicta hacerlo todo con los parientes. Antes de su caída en desgracia, su historia se remonta hasta Upata, capital ganadera y agrícola del municipio Piar, estado Bolívar, en el sureste de Venezuela, y a la llegada de unos campesinos inmigrantes calabreses en 1952, cuando se afianzaba la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez. Palmerino De Grazia, patriarca del clan, fue merecedor del éxito comercial y del reconocimiento en la región con el restaurante La Fontana, y trampolín en el mundo de los negocios para sus nietos.
En la última década, los hermanos ampliaron los negocios gastronómicos en Miami, Florida, con cinco marcas: Bocas, Francisca, Kitchen of the World, Laborejo y, cómo no, La Fontana. Pero los De Grazia empezaron a sonar, no entre los críticos gastronómicos, sino en entes internacionales de monitoreo financiero, como la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, su acrónimo en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados, por ejemplo, que en septiembre de 2014 ya recibía un reporte de actividad sospechosa sobre las actividades de los hermanos.
En el documento, los oficiales de cumplimiento del JP Morgan Chase Bank, en Nueva York, advertían sobre unas “transferencias no transparentes” por 200 millones de dólares desde la casa de valores Intersecurities International Inc., en Panamá, a un pequeño banco en Barbados, Continental Bank. Intersecurities pertenecía a los De Grazia.
El expediente es la clave
Los De Grazia y su Compass Bank en Dominica son mencionados repetidas veces en el expediente del caso Pdvsa-Cripto, al que tuvo acceso Armando.info.
El extenso documento resume conversaciones a través de las aplicaciones de mensajería WhatsApp y WeChat, ocurridas de junio a agosto de 2022 entre Joselit Ramírez, expresidente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), Carmelo de Grazia y Samark López. En las conversaciones, los tres se notificaban sobre el éxito de transacciones a través de Compass Bank y se convocaban a reuniones privadas.
El cierre de cada transacción correspondía al momento en que, como describen los documentos y las fuentes consultadas, ya había finalizado el recorrido del dinero de Pdvsa que partía desde sus cuentas en Bancamiga y seguía a otras cuentas, por lo general en Asia, de intermediarios de servicios petroleros de transporte y comercialización. Desde allí comenzaban los esquemas más imbricados, que incluían la conversión a criptoactivos en distintos países, como Estados Unidos, y finalmente al Compass Bank, donde se descontaban las comisiones correspondientes.
“Mano [aféresis coloquial para la palabra “hermano” en Venezuela], recibida la operación”, era la frase que refleja el expediente como habitual de Joselit Ramírez para confirmar a Carmelo de Grazia la recepción de un pago por sobornos.
El expediente menciona una empresa con sede en Dubái que fue una de las favoritas en estos negocios, Zad Fuel DMCC.
“[En] el análisis de la experticia se visualizó otra conversación, de fecha 30 de Agosto 2022, en la cual se evidencia que el contacto Carmelo Nuevo [se refiere a Carmelo de Grazia] servía al imputado Joselit Ramírez para realizar cambios de fondos [dólares], probablemente propiedad de las empresas Zad Fuel DMCC, Saud Construction, o del ciudadano Malak Al Reen, que se encontraban posiblemente en bancos internacionales o en el banco de nombre Zhejiang Mintai Commercial Bank”, detalla el documento.
Un operador financiero que conoció de cerca los esquemas del caso Pdvsa-Cripto y cuya identidad se reserva, explica que Zad Fuel DMCC comercializaba crudo venezolano. En 2022 recibió productos de Pdvsa por casi 52 millones de dólares que, además, quedó debiendo.
El dueño de Zad Fuel DMCC, Saud Shehatha Alanazi, es accionista de otra empresa, S21 Energy DMCC, que también debía hasta agosto de 2022 casi 50 millones de dólares a Pdvsa, según documentos de la empresa gubernamental que pasaban revista a sus deudores.
¿Qué ocurría luego? Estos fondos eran cambiados por “euros, criptoactivos o dinero fiat”, siempre a través del Compass Bank. Samark López, como demuestra el expediente, estaba al tanto de todas las operaciones. En las transcripciones, sobre este caso particular, no se mencionan montos de transferencias.
Aunque fue en 2024 cuando las autoridades venezolanas anunciaron la detención de El Aissami y de López Bello, desde al menos 2017 otras instituciones internacionales ya los habían señalado como partícipes y cómplices de actos criminales. Ese año, la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a López y a El Aissami bajo señalamientos de participar en el narcotráfico.
De acuerdo con una nota del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la sanción que recaía sobre Samark López tenía como causa su “papel significativo en el narcotráfico internacional. López proporcionó apoyo financiero y asistencia material en apoyo de las actividades de narcotráfico internacional de, y actuando por o en nombre de, El Aissami. Por más de dos años, López y otros defraudaron al Gobierno estadounidense al participar en transacciones prohibidas por la Ley para la Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero y regulaciones relacionadas, además de evadir sanciones impuestas por OFAC de conformidad con la Ley de Cabecillas y regulaciones relacionadas”.
Triángulos amorosos (con el dinero)
Un documento de Pdvsa revisado para esta historia deja ver otro ejemplo de cómo funcionaban las transacciones de Compass Bank y las ganancias que se generaban a partir de complicados cálculos en los porcentajes de las transferencias.
Se trata de un informe que concluye que “existía una triangulación financiera entre Bancamiga, Cripto Exchange (un intermediario financiero) y Compass Bank”. En este ejemplo, las transacciones comenzaban con la recepción de pagos en una cuenta en euros de la empresa TT Forest, en Hong Kong. El concepto especificado era el de venta de crudo. Petróleo venezolano, en palabras llanas.
Este esquema coincide con lo que describe el operador financiero consultado por Armando.info, quien resume el mecanismo así: cuando los barcos cargueros con petróleo venezolano llegaban a China, el comprador del país asiático pagaba con USDT (una criptomoneda) o en dinero en efectivo. Los fondos, luego, eran recibidos por “diez cambistas”, entre los que se encontraba Bancamiga.
El informe prosigue con la primera señal que se captó en ese tránsito sobre una parte de los fondos que pagaba comisiones.
“[Los fondos] luego pasaban a una cuenta en Compass Bank & Prime Trust con un costo de operación del 8%. Cabe destacar que los recursos estando en Hong Kong ya gozaban de libre convertibilidad y movilidad, razón por la cual no existe explicación técnica que implique realizar más operaciones con otras estructuras financieras, por lo que el costo de operación total no hubiera superado en ningún caso al 5%”, asegura el informe.
La triangulación, según el mismo documento, derivaba en dos movimientos que generaban la comisión ilegal y que, además, diezmaban los ingresos para la industria petrolera venezolana: “Se podía elevar en 16% el costo transaccional y, regularmente, no traían divisas nuevas en efectivo al país ni para honrar pagos a terceros ni para cubrir los compromisos de la Industria con las Finanzas de la República (…) lo que originaba falta de liquidez de divisas en el mercado interno, presionando el valor del bolívar hacia abajo”.
La demostración de que el esquema funcionaba para esquivar sanciones está en un punto del documento titulado Circulación del dinero por estructura americana. En este se especifica que el dinero también transitaba por Primer Trust, un custodio de criptomonedas que se declaró en quiebra en agosto de 2023.
Esto implicaba que “en algún momento de la transacción, el dinero pasa por los Estados Unidos, aun cuando los recursos estuvieran en criptomoneda, lo que ocasiona alto riesgo para los fondos de PDVSA dadas las sanciones vigentes”.
Sobre este último punto, la presunción que deja ver el informe es que con la triangulación hubo, además, “acuerdos con actores norteamericanos” y justificaciones para cobros de comisiones. Todo esto afectaba a Pdvsa porque se imposibilitaba la cuantificación de ingresos reales por venta de crudo y se dificultaban la visualización de egresos, los pagos a terceros y las ejecuciones de proyectos.
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