Denuncian a la excanciller panameña Janaina Tewaney Mencomo por abuso de poder tras impedir la extradición del prófugo José Gaspard Morell

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Por Carmela Ponce

Un escándalo de grandes proporciones sacude al ámbito político y judicial de Panamá, luego de hacerse públicos documentos que revelan la actuación de la excanciller panameña Janaina Isabel Tewaney Mencomo en el caso de José Gaspard Morell, un ciudadano venezolano acusado de estafa agravada en su país natal.

Tewaney Mencomo, quien fungió como ministra de Relaciones Exteriores, desde 2022 hasta el pasado 1 de julio de 2024, bajo la administración del entonces presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, firmó la Resolución Ministerial No. 872 el 23 de mayo de 2024. Dicha resolución declara “no procedente” la solicitud de extradición a Venezuela de José Gaspard Morell, a pesar de las contundentes pruebas presentadas por las autoridades venezolanas y la existencia de dos notificaciones rojas de Interpol en su contra.

La decisión de Tewaney Mencomo ha levantado serias sospechas sobre un posible caso de tráfico de influencias y abuso de poder, que benefició a Gaspard Morell, quien es señalado por las autoridades venezolanas como autor de millonarias estafas a través de la venta fraudulenta de inmuebles en Panamá y la cesión ficticia de facturas impagas de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Un historial de delitos que trasciende fronteras

José Gaspard Morell y su hermano Chamel, también con orden de captura internacional, son acusados en Venezuela por la comisión de delitos de estafa agravada y asociación para delinquir. Ambos son señalados como los artífices de un esquema fraudulento que involucra la venta de pisos en el centro comercial Anclas Mall, ubicado en el distrito panameño de La Chorrera.

Según las denuncias, los hermanos Gaspard Morell captaron a inversores venezolanos, con la promesa de una inversión segura, mediante la adquisición de los inmuebles. Sin embargo, tras recibir millonarias sumas de dinero, los Gaspard no cumplieron con la entrega de los inmuebles y tampoco devolvieron el dinero recibido.

Además, la justicia venezolana les acusa de estafar a inversores mediante la simulación de la cesión de facturas impagas de PDVSA. En este caso, José Gaspard Morell habría actuado como principal artífice del plan, ofreciendo a sus víctimas la posibilidad de adquirir estas acreencias. Sin embargo, los hermanos no formalizaron tal cesión ante Pdvsa en favor de los inversores, ocasionando pérdidas a estos.

Las pruebas presentadas por Venezuela

El Gobierno de Venezuela, a través de su embajada en Panamá, mediante nota verbal P-010-2024, presentó el 8 de enero de 2024 una solicitud formal de detención preventiva con fines de extradición contra José Gaspard Morell. La solicitud se basó en la Convención Interamericana de Extradición y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de las cuales tanto Panamá como Venezuela son Estados parte.

Entre las pruebas presentadas por las autoridades venezolanas, destaca la denuncia interpuesta el 29 de agosto de 2023 por inversores ante la División de Investigaciones de Delitos de Fraude y Estafa del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela. En su denuncia, los inversores relataron cómo José Gaspard Morell y su hermano Chamel les ofrecieron en abril de 2018 la oportunidad de invertir en la compra de un inmueble en Panamá a través de la empresa Industrias JG INDUVEN 12-72 C.A., propiedad de los hermanos Gaspard Morell.

Según la documentación presentada por las autoridades venezolanas, los estafados afirman haber entregado a los hermanos Gaspard Morell la suma de 3.500.000 dólares americanos como inversión, con la promesa de recibir a cambio el 100% de las acciones de la empresa, cuyo valor estimado era en realidad de solo 5.000 dólares americanos, situación que les ocasionó un importante daño patrimonial. No obstante, la misma estafa volvió a repetirse, incrementando el monto del que los Gaspard terminaron apropiándose.

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Un caso que pone en entredicho a la Cancillería panameña

El caso de José Gaspard Morell ha puesto de manifiesto una serie de irregularidades y omisiones por parte de ciertas autoridades panameñas, que levantan serias dudas sobre la lucha contra la corrupción en el país.

Fuentes judiciales panameñas confirmaron la detención de José Gaspard Morell el pasado 8 de enero de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando se disponía a viajar a México utilizando un pasaporte español. La detención se produjo gracias a la alerta roja de Interpol emitida a solicitud de Venezuela.

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Sin embargo, a pesar de la gravedad de los cargos en su contra y la existencia de una orden de captura internacional, Gaspard Morell fue liberado a las pocas horas, quedando a la espera de una decisión judicial sobre su extradición.

La Fiscalía de Asuntos Internacionales de Panamá, a través de la nota No. FSAI-2073-24 del 17 de mayo de 2024, comunicó que José Gaspard Morell mantenía en Panamá otras causas abiertas por delitos similares a los denunciados en Venezuela, por hechos delictivos cometidos en o desde Panamá.

Excanciller Tewaney Mencomo denunciada ante la Procuraduría General de Panamá

La decisión de Janaina Tewaney Mencomo de negar la extradición de José Gaspard Morell ha sido calificada por algunos sectores como un acto de “complicidad” con un prófugo de la justicia.

Excanciller panameña Janaina Tewaney Mencomo

Los abogados Humberto Aladino Rivera Woo y Valentín Jaén Cocherán, representantes legales de las víctimas, presentaron el pasado 12 de julio de 2024 una denuncia penal contra Tewaney Mencomo ante la Procuraduría General de la Nación, y por ende, ante el Ministerio Público de Panamá, por la posible comisión de delitos contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.

En su denuncia, el abogado Jaén Cocherán argumenta que Tewaney Mencomo actuó de manera “arbitraria” al negar la extradición de Morell, basándose en causales no previstas en la legislación panameña ni en los tratados internacionales suscritos por el país en materia de extradición.

Los abogados Humberto Aladino Rivera Woo y Valentín Jaén Cocherán presentaron la denuncia formal ante la Subsecretaría General de la Procuraduría General de la Nación contra la excanciller Janaina Tewaney Mencomo. La denuncia acusa a la exfuncionaria de abuso de autoridad, un delito tipificado en el artículo 355 del Código Penal panameño.

La acusación se basa en la actuación de Tewaney Mencomo durante su gestión como ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, cargo que ocupó desde el año 2022 hasta el pasado 1 de julio bajo la administración de Laurentino Cortizo. Se le imputa haber utilizado su posición para favorecer al ciudadano venezolano José Gaspard Morell, sobre quien pesan dos notificaciones rojas de Interpol por el delito de estafa.

Según la denuncia, la excanciller habría obstaculizado la extradición de Gaspard Morell desde Panamá, donde se encuentra refugiado, a pesar de las solicitudes internacionales en su contra. Los abogados Rivera Woo y Jaén Cocheran representan a las víctimas de Gaspard Morell, quienes alegan haber sufrido daños económicos considerables a causa de las actividades ilícitas del ciudadano venezolano.

La denuncia fue recibida por la unidad receptora de la Procuraduría a las 3:41 p.m. del 12 de julio de 2024, bajo el número único de noticia 202400052331. El documento de nueve fojas detalla las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los acontecimientos que fundamentan la acusación contra Tewaney Mencomo.

Los documentos describen que los hechos denunciados se remontan al 23 de mayo de 2024, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicada en San Felipe, Ciudad de Panamá.

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Un caso plagado de irregularidades

La defensa de los inversores argumentó que la excanciller Tewaney Mencomo hizo caso omiso al Artículo 516 del Código Procesal Penal panameño, el cual establece que “el procedimiento de extradición se regula por tratados en los que la República de Panamá sea parte y, en ausencia de ellos, por las disposiciones del presente Título o por la reciprocidad internacional”.

En este sentido, el abogado Jaén Cocherán sostiene que la excanciller debió haber basado su decisión en la Convención Interamericana sobre Extradición, aprobada mediante Ley No. 29 de 23 de diciembre de 1991 en Panamá, la cual establece en su artículo 4 las causales para declarar improcedente una extradición, causales que no se ajustan al caso de José Gaspard Morell.

El abogado denuncia también que, a pesar de que la propia Resolución Ministerial No. 872 reconoce la existencia de la solicitud de extradición por parte de Venezuela con base en la Convención Interamericana de Extradición y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la excanciller Tewaney Mencomo decidió aplicar de forma “arbitraria” el Código Procesal Penal panameño como sustento jurídico para negar la extradición, en un claro caso de abuso de autoridad.

A pesar de las graves acusaciones en su contra, José Gaspard Morell y su hermano Chamel continúan en libertad en Panamá y actuando con impunidad.

Intento de soborno y un silencio cómplice

A medida que se profundiza en el caso de José Gaspard Morell, salen a la luz nuevos detalles que revelan la magnitud del entramado de corrupción y la posible complicidad de funcionarios panameños en el encubrimiento de sus delitos.

Fuentes judiciales consultadas, que han solicitado mantener su anonimato, revelaron que José Gaspard Morell y su hermano Chamel habrían ofrecido sobornos a diversas personalidades y funcionarios panameños a cambio de que intercedieran para evitar su extradición a Venezuela.

Según estas fuentes, las sumas ofrecidas oscilaban entre los 300.000 y 500.000 dólares americanos. Los hermanos Morell habrían aprovechado su red de contactos en el país, construida a través de sus negocios y relaciones sociales, para intentar comprar su impunidad.

Es importante destacar que la decisión de Janaina Tewaney Mencomo de negar la extradición de José Gaspard Morell – el 23 de mayo- se formalizó apenas semanas antes de cesar en sus funciones como canciller el pasado 1 de julio de 2024. Este hecho, a pesar de las contundentes pruebas presentadas por Venezuela, aunado a las sospechas sobre cómo pudo haberse producido tal decisión, refuerza las dudas sobre la transparencia de la anterior administración del ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

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A pesar de las múltiples denuncias en su contra y las órdenes de captura internacional, los hermanos Morell continúan residiendo en Panamá, donde han logrado evadir la justicia gracias a la protección de un entramado de corrupción, que parece haberse extendido hasta las altas esferas del poder, al menos en la pasada administración gubernamental.

Se espera que la Procuraduría General de la Nación inicie una investigación exhaustiva de las acusaciones contra la excanciller Tewaney. De encontrarse méritos para ello, el Ministerio Público podría presentar cargos formales y solicitar un juicio ante los tribunales competentes.

Según expertos consultados, la impunidad de la que gozan los hermanos Morell es un duro golpe para la credibilidad del sistema judicial panameño y un claro ejemplo de cómo la corrupción puede socavar las bases del Estado de derecho.


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