Una reciente investigación periodística reveló cómo la familia Gómez y Gala ha mantenido poder político, económico y social en Venezuela durante décadas, independientemente del régimen en el poder.
Ángel Eduardo Gómez y Gala ha sido una de las figuras más visibles de esta estirpe, con una trayectoria que comenzó en el gremialismo empresarial y que luego derivó en el activismo político. Su vínculo con la familia Mendoza, a través de su matrimonio con la hermana de Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar, habría facilitado su ascenso dentro de los círculos de poder.
Otros miembros de la familia también han cultivado relaciones estratégicas. Chepita Gómez y Gala, por ejemplo, mantuvo cercanía con la esposa de Juan Guaidó y tuvo un rol clave en la organización de visitas a altos destinos diplomáticos durante el periodo del llamado gobierno interino. Además, lidera actualmente una iniciativa para lograr la canonización de su hijo fallecido, respaldada por figuras influyentes dentro de la Iglesia católica en el estado Lara.
La familia ha sido señalada por haber controlado tierras de alto valor en las afueras de Barquisimeto, especialmente en una zona con acceso privilegiado al agua, que posteriormente fue expropiada por el Estado. Las propiedades no fueron reutilizadas tras su salida, y los reclamos legales no prosperaron en tribunales.
Años después, tras la intervención de un banco vinculado a la familia, sus miembros se establecieron en España, donde adquirieron propiedades agroindustriales de alto valor, incluyendo bodegas de vino y fábricas de aceite de oliva. Las compras se realizaron bajo el argumento de persecución política en Venezuela, mientras se habrían presentado como exiliados.
En medios locales españoles se reportó la llegada de estos nuevos inversionistas, que presentaron su imagen como empresarios perseguidos por la dictadura, aunque no se han comprobado tales alegaciones judicialmente. La familia continúa activa y expandiendo su influencia, tanto dentro como fuera de Venezuela.
