Luis Alfonso de Borbón, bisnieto del dictador Francisco Franco y pretendiente a la corona francesa, figura entre los investigados en una denuncia penal interpuesta en Curazao tras la quiebra del Banco del Orinoco NV. La acción judicial, formalizada el 24 de marzo de 2025 y divulgada el 2 de octubre, lo señala como miembro de la junta directiva de la entidad financiera, en un entramado que habría desaparecido al menos $1.500mn de fondos pertenecientes a miles de ahorristas.
El procedimiento apunta directamente a Víctor Vargas Irausquín, suegro de Luis Alfonso y señalado como beneficiario final de la operativa, así como a las empresas Cartera de Inversiones Venezolanas y el Banco Occidental de Descuento (BOD). A los implicados se les acusa de fraude concursal, apropiación indebida y falsificación documental, según informaron El Confidencial y El Reporte.
La red financiera operaba en jurisdicciones como Panamá, República Dominicana, Puerto Rico y Curazao, con captación de fondos a través de bancos offshore y promesas de intereses elevados. Luis Alfonso de Borbón habría desempeñado un papel clave en la legitimación pública del esquema, participando personalmente en reuniones con inversores en Caracas y utilizando su posición nobiliaria para atraer capitales.
Entre los documentos presentados en el proceso de quiebra figura la falsificación de garantías financieras que pretendían demostrar solvencia ante las autoridades de Curazao. Una verificación directa con los supuestos emisores de dichos avales confirmó que nunca fueron expedidos, lo que ha agravado la acusación penal.
La implicación del aristócrata ha sido acompañada de un esfuerzo sostenido para borrar su vinculación al escándalo. Se ha documentado el uso de servicios de limpieza reputacional digital, incluyendo desindexación de contenidos en motores de búsqueda y la creación de contenidos positivos que desplacen las menciones negativas.
La presión judicial ha aumentado con la intervención de tribunales de alzada en Países Bajos, lo que otorga alcance europeo a las medidas cautelares. La estrategia procesal busca el levantamiento del velo corporativo para imputar responsabilidad directa a los beneficiarios y administradores, incluyendo la posible incautación de bienes personales.
El caso ha generado preocupación entre los afectados, muchos de ellos ciudadanos europeos. Numerosos testimonios han coincidido en señalar que la presencia de Luis Alfonso fue determinante para confiar en la solidez del banco. La fiscalía de Curazao ha subrayado que el objetivo es recuperar los activos “allá donde se encuentren”.
El Confidencial señaló que la actuación de la sindicatura responde a un proceso meticuloso iniciado en 2019, cuando el Banco Central de Curazao detectó “documentación no legítima” en las operaciones del Banco del Orinoco. Desde entonces, el caso ha evolucionado hasta convertirse en uno de los mayores escándalos financieros del Caribe.
“La confianza depositada por los ahorristas fue instrumentalizada mediante una estrategia que combinaba imagen, poder y opacidad corporativa”, indicó una fuente cercana a la investigación.
