Por Juan Carlos Buitrago Arias | Opinión
Proteger y salvaguardar los intereses supremos de la nación, obliga designar líderes virtuosos, competentes y efectivos, que legitimen sin ruego alguno, su ejemplar comportamiento y un auténtico reconocimiento por parte de las autoridades, sus colaboradores, la comunidad global de inteligencia, la academia, el sector privado y la sociedad en general. Aquí recae la más sensible responsabilidad sobre el Presidente de la República, el Ministro de Defensa Nacional y otras carteras como la de Hacienda, cuando en sus manos está el nombramiento de los Directivos de la Dirección Nacional de Inteligencia DNI, la Inteligencia de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, y de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF; todas estas con asiento en la Junta de Inteligencia Conjunta JIC, catalogadas por la Ley 1621 de 2013 como Servicios de Inteligencia del Estado, con funciones y competencias de Inteligencia y obligadas a enmarcarse en las rigurosas exigencias de control, supervisión y trazabilidad consignadas en la Ley Estatutaria y Reglamentaria.
En Colombia y otros lugares del mundo, hemos constatado el craso error que cometen los primeros mandatarios, cuando designan en las cabezas de las agencias de inteligencia del Estado individuos atrapados en siniestras cofradías, selladas por intereses personalísimos, condenados a privilegiar la custodia de sus secretos y a blindarlos con estrategias blandas de ataque defensivo. Y la primera señal de este síntoma, es la ubicación de personas con marcada militancia y dependencia en organizaciones políticas e ideológicas, que viven atrapadas en el torbellino cotidiano de la politiquería, siempre con ansiedad poder, negociando sin escrúpulos los principios y a los que poco importa el estado social de derecho, algunos terminan en prisión. Y esto advierte un grave peligro para la democracia y coloca a los organismos de inteligencia en el filo de la navaja, ad portas de su desaparición, los hace más vulnerables, y ahonda las crisis, más aún cuando las personas llegan con sus problemas y las de su séquito a estas instituciones, ya expuestas públicamente a serios cuestionamientos.
La Inteligencia de Estado debe ser el máximo ejemplo de virtuosidad entre la institucionalidad, su coraza requiere que sea impenetrable, pues es altamente susceptible a posicionarse en la discusión nacional, al escrutinio público, es carne de cañón para el “enemigo”, para los medios de comunicación y las redes sociales. Es de simple sentido común, entender que estos medios no son la plataforma debida para abordar los asuntos clasificados de la nación, evitando visibilidad, protagonismo mediático, provocaciones políticas y sin dejarse arrastrar por las operaciones de desinformación dirigidas con cálculo destructor. Involucrarse en estos escenarios, opaca la virtuosidad de su visión, desvía su esencia, naturaleza y misión, y lo lleva fácilmente a violar el principio de compartimentación, regla por excelencia que busca proteger el secreto, la reputación y legitimidad del Líder de Inteligencia y sus funcionarios.
La justicia, los medios de comunicación y la sociedad, no alcanzan a dilucidar la abstracta relación de actores e intereses que se tejen sobre los secretos de Estado. Recordemos el episodio del ex consejero nacional de Seguridad del expresidente Donald Trump, John Bolton, plasmada en su publicación “La Habitación donde Sucedió”. Gobernantes, ministros, asesores, agentes de inteligencia y aliados políticos en el poder, terminan fusionados en decisiones complejas cobijadas por la reserva y que demandan extrema lealtad institucional. El deber es con la nación, la Constitución y la Ley, y no para salvaguardar otros intereses que podrían vaticinar nefastas consecuencias y conllevar lamentables desenlaces como ocurrió hace un año con el extinto teniente coronel Oscar Dávila, oficial de excelsas virtudes adscrito a la Unidad de Inteligencia Protectiva de la Casa de Nariño. De ahí el valor supremo que representan los principios, la doctrina, la formación, la experiencia, la especialización y la estructura de confianza que blinda a los agentes, sus recursos y la información clasificada de los Organismos de Seguridad del Estado.
Obras que han sido best sellers como Broker, Trader, Lawyer, Spy. The Secret World of Corporate Espionage escrito por Eamon Javers; y El gran engaño de Mariana Mazzucato y Rosie Collington, son tan solo un ejemplo de las grandes preocupaciones que deberían priorizar los gobiernos sobre sus agencias de inteligencia e investigación, precisamente para anticiparse, contrarrestar y develar el grave daño que causan, el espionaje de agencias extranjeras hostiles y el soterrado mercado ilegal del secreto, que compra miles de conciencias cada día en el mundo y que se manifiesta a través de sofisticadas operaciones transaccionales a cubierta y que compromete reconocidas y dudosas consultoras de riesgo internacional muchas presentes en Colombia y caracterizadas por su especial habilidad toxitrópica, es decir penetran en tierras movedizas asumiendo altos riesgos de hundirse, y si esto ocurre, no se ahogan.
La licenciada Paz Esteban López, educada en Filosofía y Letras, se convirtió en abril de 2020 en la primera mujer en la historia al frente de la Inteligencia Española CNI; líder destacada y reconocida por la comunidad internacional, especialista en Inteligencia exterior, íntegra, inteligente y con excepcional trayectoria por casi 30 años en la especialidad. Fue destituida de su cargo, y con la “amnesia” que suele caracterizar a los verdaderos profesionales de inteligencia, se despidió, declarando: “el pasado es el pasado”; salida que la Ministra de Defensa, su principal defensora, presentó como una “sustitución”, luego de la difícil comparecencia ante la Comisión de Secretos Oficiales del Parlamento Español, como consecuencia de la crisis desatada por el “caso pegasus”.
España afrontó uno de los más grandes escándalos por cuenta de una investigación publicada por el Instituto de Ciberseguridad CitizenLab, de la Universidad de Toronto, la misma que develó evidencia forense de por lo menos, el hackeo de 63 equipos móviles de dirigentes Catalanes involucrados en las revueltas que declaraban la independencia de Cataluña en 2017. Este fue el bocatto di cardinale perfecto, utilizado por el gobierno español para exculpar su responsabilidad política en el manejo de la crisis catalana y atribuir toda la carga al Centro Nacional de Inteligencia. Educar a los Gobernantes de turno sobre el uso responsable de la Inteligencia, no es tarea fácil y menos lograr que asuman la responsabilidad política en momentos de crisis, siendo los primeros y casi únicos usuarios de la inteligencia de Estado con la más alta clasificación de secreto.
En Colombia, cuestionamientos y denuncias de interceptaciones ilegales y persecuciones se repiten cada cuatro años y ahora como se ha ventilado, con “fuego amigo”
En Colombia, continúa el círculo interminable de cuestionamientos y denuncias por parte de magistrados, congresistas, periodistas y dirigentes políticos que acusan a los servicios de inteligencia del Estado de interceptaciones ilegales, perfilamientos y persecuciones. Se repite el escenario cada cuatro años en las últimas tres décadas, parece calcado, como si el caballo de troya aún estuviera en las entrañas de la Inteligencia; cambian los actores, como si fuera un relevo de juego de roles entre víctimas y victimarios, y ahora como se ha ventilado, con “fuego amigo”. Claro está, el poder de la Inteligencia la hace más vulnerable a que subsistan ruedas sueltas, canales subterfugios inapropiados; cooptaciones de diferente índole inclusive criminales; fuga de información con diferentes fines; y de otro lado, escenas de ficción, paranoia y protagonismos intencionados más aferrados a la vanidad pública. Pero también existe una marcada dosis de ignorancia sobre la Inteligencia Nacional, su estructura y funcionamiento, su plataforma de valores, doctrina y protocolos, la calidad de la mayoría de sus integrantes, y la rigurosidad de los procesos de selección – que se han desdibujado -; la adquisición y disponibilidad de tecnología para operaciones, los sistemas de información y protección de las bases de datos, la jerarquía regulada por ley en las órdenes de operaciones y la trazabilidad 360 grados que deja huella en todas sus actuaciones. Y lo más simple, está escrito en la ley, todo lo anterior debe enmarcarse en los principios de idoneidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como al debido respeto y promoción por los Derechos Humanos. Cuando se lesiona la virtuosidad de la Inteligencia de Estado, encontrar hallazgos es tarea básica de primaria, mientras suele buscarse ¡el ahogado río arriba!.
