Por Doris Mejía
Opinión
La sombra de la subasta de CITGO, la filial estadounidense de Petróleos de Venezuela (PDVSA), se cierne de manera inminente sobre la nación petrolera. Mientras los acreedores esperan ansiosos el remate de la empresa para cobrar las deudas acumuladas por el gobierno venezolano, la junta directiva ad hoc de PDVSA, presidida por Horacio Medina, parece estar más enfocada en dilatar el proceso que en encontrar una solución que proteja los activos de la nación.
El pasado 31 de julio de 2024, el Special Master (Juez Auxiliar) solicitó al Juez Leonard Stark de la Corte de Distrito de Delaware un segundo aplazamiento en el proceso judicial que define el futuro de CITGO. Esta solicitud busca modificar la fecha de anuncio de la oferta recomendada del 31 de julio al 22 de agosto, y la audiencia de anuncio de la oferta ganadora del 19 de septiembre a una fecha estimada alrededor del 15 de octubre de 2024.
Recordemos que el primer aplazamiento ya había sido aprobado el 2 de julio de 2024. Esta estrategia de dilación por parte de la junta ad hoc de PDVSA, liderada por Medina, contrasta con la ineficacia del Gobierno interino de Juan Guaidó, que designó a dicha junta y que falló en su momento en proteger a CITGO del proceso de subasta.
Medina, a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), informó a la opinión pública sobre la solicitud de aplazamiento, recordando que el proceso judicial en Delaware se centra en la venta forzada del 100% de las acciones de CITGO Petroleum Corporation, propiedad de PDV Holding.
Irónicamente, el 9 de enero de 2024, la propia PDVSA Ad Hoc, bajo la dirección de Medina, emitió un comunicado advirtiendo sobre los riesgos de este proceso de venta forzada, calificándolo como un mecanismo inapropiado que podría generar inequidad para los acreedores. Sin embargo, sus acciones actuales parecen contradecir su propia advertencia, enfocándose en la dilación en lugar de buscar alternativas viables para salvaguardar los intereses de Venezuela.
Es importante destacar que el Juez Leonard Stark, aunque fue promovido a Juez Federal de apelaciones en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal el 17 de marzo de 2022, mantiene su jurisdicción en los casos relacionados con la venta de CITGO. Su decisión sobre la solicitud de aplazamiento será crucial para determinar el futuro de la empresa y el destino de los miles de millones de dólares en juego.
Los acreedores: un fantasma del pasado que reclama su parte
La subasta de CITGO no surge de la nada. Es la consecuencia directa de las deudas y expropiaciones llevadas a cabo durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Los acreedores, un grupo heterogéneo de 18 empresas, incluyendo gigantes como Crystallex, ConocoPhillips, Siemens Energy y Red Tree Investments, buscan recuperar la astronómica cifra de 25.000 millones de dólares a través del remate de la filial estadounidense de PDVSA.
Estas deudas tienen su origen en las expropiaciones de activos, como el emblemático caso del yacimiento de oro Las Cristinas, arrebatado a la empresa minera canadiense Crystallex. Las reclamaciones, reconocidas por laudos y tribunales de arbitraje internacional, se han convertido en una pesada losa para Venezuela, y CITGO se perfila como la pieza clave para saldarlas.
La Corte de Delaware, bajo la supervisión del Juez Leonard Stark, ha desempeñado un papel fundamental en este proceso. No solo ha establecido el cronograma y las reglas para la subasta, sino que también ha rechazado las objeciones presentadas por Venezuela, allanando el camino para que los postores presenten sus ofertas multimillonarias por las acciones de CITGO.
En un esfuerzo por garantizar la transparencia y la equidad en el proceso, el Juez Stark ha dictaminado que los postores deben especificar si sus ofertas cubren las reclamaciones de los tenedores de bonos venezolanos en una subasta separada. Esta medida busca asegurar que todas las partes involucradas tengan la oportunidad de recuperar sus inversiones y que la subasta se lleve a cabo de la manera más justa posible.
Mientras la junta ad hoc de PDVSA, encabezada por Horacio Medina, intenta ganar tiempo con la solicitud de aplazamiento, los acreedores se mantienen a la expectativa, esperando el momento en que finalmente puedan cobrar lo que les adeuda Venezuela. El tiempo corre, y la incertidumbre sobre el futuro de CITGO se intensifica con cada día que pasa.
El Gobierno interino de Guaidó: Una gestión marcada por el fracaso y la controversia
La crítica situación que enfrenta CITGO hoy en día no puede desligarse de la gestión del Gobierno interino de Juan Guaidó. A pesar de reconocer la importancia estratégica de la filial estadounidense de PDVSA, el gobierno interino no logró evitar el proceso de subasta, y su administración ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por una serie de decisiones que, en retrospectiva, parecen haber contribuido al descalabro actual.
Uno de los puntos más controvertidos fue la utilización de recursos de CITGO para financiar actividades políticas. Esta práctica, considerada por muchos como un manejo inapropiado de los activos de la empresa, generó un riesgo legal considerable al violar la doctrina del alter-ego, que establece la separación entre la empresa y sus accionistas.
A esto se suma la pesada herencia de una deuda de más de 1.200 millones de dólares que CITGO arrastraba desde 2010, producto de un dividendo forzado a PDVSA. La situación se agravó en 2016 cuando Nicolás Maduro puso en garantía el 50% de las acciones de CITGO por el Bono PDVSA 2020, complicando aún más el panorama financiero de la empresa.
La profunda división política entre la oposición y el gobierno de Maduro también jugó un papel detrimental en la defensa de CITGO. La falta de un frente común impidió la articulación de una estrategia legal unificada y coherente, debilitando la posición de Venezuela en los tribunales estadounidenses.
El equipo legal del gobierno interino, a su vez, fue blanco de críticas por su desempeño en la defensa de la filial de PDVSA. Si bien algunos argumentan que la pérdida de CITGO era inevitable dada la magnitud de las deudas y la complejidad del caso, la percepción generalizada es que la gestión legal no fue lo suficientemente efectiva para salvaguardar los intereses de la nación.
A pesar de los esfuerzos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que emitió varias licencias para impedir la toma de CITGO, estas medidas resultaron insuficientes para frenar el proceso de subasta. La complejidad del caso, aunada a las presiones políticas y legales tanto internas como externas, crearon un escenario adverso que el gobierno interino no supo sortear con éxito.
Un futuro incierto: La junta ad hoc de PDVSA juega su última carta
En la actualidad, el futuro de CITGO pende de un hilo. Mientras la junta ad hoc de PDVSA, liderada por Horacio Medina, apuesta por la dilación como estrategia para evitar el remate inminente, la posibilidad de que la joya de la corona de la industria petrolera venezolana caiga en manos extranjeras se vuelve cada vez más real.
En este escenario de incertidumbre, la crítica se cierne sobre la gestión de Horacio Medina y la junta ad hoc de PDVSA. Su estrategia de dilación, vista por muchos como una maniobra desesperada, contrasta con la falta de soluciones concretas para proteger los intereses de la nación. El tiempo se agota, y la sombra de la subasta amenaza con oscurecer el futuro de CITGO y, con él, el de la industria petrolera venezolana.
He considerado pertinente informar a los venezolanos sobre la moción del Special Master (Juez Auxiliar) solicitando al Juez Leonard Stark un segundo aplazamiento en proceso judicial que se sigue en la Corte de Distrito de Delaware. Abrimos Hilo.
— horacio medina (@HoracioMedinaH) August 3, 2024
En primer lugar, recordamos que este proceso judicial esta circunscrito a la venta forzada del 100% de las acciones de la empresa Citgo Petroleum Corporation que posee PDV Holding.
— horacio medina (@HoracioMedinaH) August 3, 2024
El primer aplazamiento fue aprobado el pasado 2 de julio de 2024, y este segundo aplazamiento ha sido solicitado por el Special Master, el pasado miércoles 31 de julio de 2024.
— horacio medina (@HoracioMedinaH) August 3, 2024
Debo resaltar que la solicitud consiste en cambiar la fecha de anuncio de la oferta recomendada del 31 de julio al 22 de agosto, y la audiencia de anuncio de la oferta ganadora del 19 de septiembre a una fecha por determinar que se estima alrededor del 15 de octubre de 2024.
— horacio medina (@HoracioMedinaH) August 3, 2024
Este posible nuevo aplazamiento permite recordar que PDVSA Ad Hoc advirtió en su comunicado del 9 de enero de 2024 que este proceso de venta forzada no era el mecanismo más apropiado con riesgo de inequidad para los acreedores
— horacio medina (@HoracioMedinaH) August 3, 2024
Importante reiterar que estos acreedores pretenden cobrar indemnizaciones por expropiaciones y deudas incurridas bajo los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
— horacio medina (@HoracioMedinaH) August 3, 2024
Es necesario precisar que, se debe esperar por el pronunciamiento del Juez Leonard Stark, a esta petición del Special Master para poder emitir una opinión actualizada y responsable sobre el proceso de venta forzada.
— horacio medina (@HoracioMedinaH) August 3, 2024
Vale recordar que el 17 de marzo de 2022, el juez Stark fue promovido a Juez Federal de apelaciones en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal, pero mantiene su función como juez de distrito en estos juicios relacionados al proceso de venta.
— horacio medina (@HoracioMedinaH) August 3, 2024
También es necesario ratificar que nos mantenemos diligentes y comprometidos con la protección de los activos de Venezuela en el exterior, particularmente CITGO, tomando en cuenta su importancia estratégica en el momento en que se alcance la transición democrática en Venezuela.
— horacio medina (@HoracioMedinaH) August 3, 2024
