El Ministerio Público venezolano anunció la aprehensión de José Youssef Boutros, propietario del establecimiento comercial Café Kaldi ubicado en Las Mercedes, Caracas. Boutros será imputado por los delitos de legitimación de capitales, estafa agravada y asociación para delinquir. Según la información difundida a través de la cuenta de Instagram del Ministerio Público, Boutros utilizaba criptomonedas y esquemas fraudulentos para engañar a múltiples víctimas, ocasionándoles severos daños patrimoniales.
Durante el año 2023, José Youssef Boutros, quien operaba como intermediario cambiario para el empresario colombiano Álvaro Pulido -detenido ese mismo año por el caso de corrupción PDVSA-Cripto- estuvo bajo investigación de la Fiscalía por su presunta participación en lavado de dinero dentro de la trama de corrupción de PDVSA. En el transcurso de esas investigaciones, Boutros fue citado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Paralelamente, el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (CICPC) inició una investigación contra Boutros y sus socios por una estafa que se estima en un millón de dólares. Los resultados de estas pesquisas fueron presentados ante el Ministerio Público, informando además al director del CICPC, Douglas Rico, sobre los hallazgos.
La trama delictiva se centraba en Café Kaldi, un establecimiento que, según las investigaciones, funcionaba como una fachada para una pirámide financiera. El café es propiedad del hermano de José Youssef Boutros, quien también es conocido por su historial de estafas financieras.
La fachada de Café Kaldi: Engaño con divisas y criptomonedas
El modus operandi de Café Kaldi consistía en atraer a inversionistas con la promesa de venta de divisas extranjeras a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) y de la criptomoneda USDT, una moneda digital cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense. Se ofrecían retornos lucrativos que resultaban ser falsos. Las víctimas, seducidas por estas ofertas, entregaban su dinero, pero luego se encontraban con que Café Kaldi no cumplía con los compromisos adquiridos. Según testimonios de los afectados, los operadores del café les indicaban que “tenían que techar el dinero” antes de poder devolverlo, una clara excusa para retener los fondos de manera fraudulenta.
Para intimidar a las víctimas y evitar denuncias, los operadores de Café Kaldi afirmaban tener conexiones con un gobernador de un estado venezolano, sugiriendo que contaban con protección política. Además de José Youssef Boutros, las investigaciones revelaron la participación de Miguel Pérez, un individuo proveniente de la ciudad de Barquisimeto, que aseguraba poseer una autorización exclusiva de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) para realizar actividades de minería de criptomonedas.
Pérez alardeaba de sus vínculos con personas influyentes, incluyendo altos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Se descubrió que Pérez era uno de los principales recolectores de fondos para las operaciones fraudulentas dirigidas por José Youssef Boutros.
En el pasado, cuando la pirámide financiera comenzó a mostrar signos de colapso y las víctimas se multiplicaban, estas eran llevadas a las oficinas de Café Kaldi. Allí, tanto Pérez como Boutros intentaban justificar sus acciones, alegando que las operaciones formaban parte de los esfuerzos de Café Kaldi para financiar el programa de bolsas CLAP, iniciativa gubernamental destinada a distribuir alimentos esenciales a comunidades vulnerables. Asimismo, argumentaban mantener asociaciones con individuos del sector alimentario, intentando con ello dar una apariencia de legitimidad a sus actividades ilícitas.
Una estafa Ponzi de alcance familiar y amistoso
José Youssef Boutros, identificado como el cerebro detrás de una masiva estafa Ponzi, orquestó sus operaciones fraudulentas con la complicidad de su propia familia y amigos cercanos. Liderados por Sarkis Youssef Boutros, junto con Rashed y Pablo, este grupo se dedicó a captar dinero ofreciendo altos intereses, atrapando en su red a personas comunes que confiaron en sus promesas financieras.
El esquema Ponzi, una modalidad de fraude que toma su nombre del criminal de origen italiano Carlo Ponzi, quien la popularizó en la década de 1920, consiste en prometer elevados retornos de inversión a los participantes. Para pagar a los primeros inversores, se utiliza el dinero de los nuevos, creando una ilusión de rentabilidad. Sin embargo, este sistema es insostenible y, a medida que crece, eventualmente colapsa, dejando a la mayoría de los inversores con pérdidas significativas.
En Venezuela, José Youssef Boutros y su red de operadores llevaron esta estafa a una escala sin precedentes. Aprovechándose de la confianza que generaban los lazos familiares y las relaciones de amistad de Sarkis Youssef Boutros, lograron atraer a un gran número de víctimas, quienes creyeron en las promesas de rendimientos extraordinarios. Las personas afectadas se vieron sumidas en una situación financiera desesperada, con graves consecuencias para sus vidas y las de sus familias.
Ante esta alarmante situación, se ha hecho un llamado a la colectividad para que cualquier persona que haya sido víctima de José Youssef y su red de operadores presente denuncias formales ante los organismos competentes. La rápida y efectiva intervención de las autoridades es crucial para detener esta estafa Ponzi y proteger a las víctimas de mayores perjuicios.
Detención de Adriana Mata: Pieza clave en las operaciones fraudulentas
El lunes 2 de diciembre de 2024, las autoridades venezolanas dieron golpe a la red criminal liderada por José Youssef Boutros con la detención de Adriana del Valle Mata González, una corredora inmobiliaria implicada en las operaciones fraudulentas de la organización. Tras su aprehensión, Mata fue puesta a la orden de los tribunales y el juez de la causa ordenó su reclusión preventiva en el Instituto de Orientación Femenina (INOF) en Caracas.
Las investigaciones vinculan a Mata con múltiples estafas millonarias, lavado de dinero y asociación para delinquir, delitos que forman parte del escándalo que ha sacudido el mercado inmobiliario venezolano. Numerosas víctimas en Caracas y otras ciudades del país fueron despojadas de sus ahorros bajo la promesa de inversiones con altos rendimientos que nunca se materializaron. En otros casos, se les convenció de entregar sus bienes inmuebles con la promesa de venderlos a precios inflados, generando supuestas ganancias extraordinarias que tampoco se concretaron.
Adriana Mata es señalada como la estratega inmobiliaria del grupo delictivo. El Ministerio Público confirmó que Mata operaba en estrecha colaboración con José Youssef Boutros, considerado el cerebro de la compleja trama criminal. Ambos habrían participado en operaciones fraudulentas, como la venta de terrenos en el este de Caracas, donde las víctimas perdieron más de dos millones de dólares sin recibir los títulos de propiedad correspondientes.
Mata enfrenta cargos por estafa, asociación para delinquir y legitimación de capitales, delitos tipificados en el Código Penal venezolano y en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. De ser encontrada culpable, podría enfrentar una condena de 8 a 10 años de prisión. El tribunal ha dictado medidas cautelares, incluyendo el bloqueo de las cuentas bancarias de Mata y la incautación de propiedades relacionadas con el caso.
Búsqueda activa de Erick Jesús Vaamonde Figueroa, socio de Boutros
Paralelamente a la detención de Adriana Mata y las investigaciones en curso sobre José Youssef Boutros, las autoridades venezolanas han intensificado la búsqueda de Erick Jesús Vaamonde Figueroa, señalado como socio de Boutros en las operaciones fraudulentas. Vaamonde Figueroa se encuentra prófugo y es considerado una pieza clave en la red criminal, por lo que su captura es prioritaria para desmantelar completamente la organización y llevar a todos los responsables ante la justicia.
La participación de Vaamonde Figueroa en las actividades ilícitas de la red se está investigando a fondo. Se presume que, al igual que los demás implicados, contribuyó a la captación de fondos mediante engaños y falsas promesas de inversión, agravando el daño patrimonial a las víctimas.
