Contexto reciente y modus operandi
Entre el 14 y 18 de junio de 2025, se registró en Pedraza, estado Barinas, una serie de incidentes alarmantes: campesinos del consejo Bolívar y Zamora 2021, que habían ocupado tierras ociosas de la nación colindantes al Hato La Rubiera, fueron secuestrados por civiles armados. Según los testimonios de las víctimas, los agresores:
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Eran civiles encapuchados, vestidos de negro y fuertemente armados.
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Operaban con fusiles largos, tenían acento llanero y se movilizaban en vehículos vinculados al terrateniente Elpidio García.
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Actuaron con violencia: dispararon contra quienes intentaron huir, esposaron a hombres y niños (entre ellos una niña de 3 años) y se los llevaron a la fuerza.
Vínculos con terratenientes y militarización informal
Testigos y miembros del consejo campesino confirmaron que los secuestradores eran civilistas al servicio de un terrateniente local, identificado como Elpidio García. Tras privarlos de su libertad:
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Fueron trasladados al Hato La Rubiera y posteriormente entregados a la Guardia Nacional Bolivariana, que los procesó por “invasión de propiedad”.
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La acción, descrita como un secuestro masivo sin precedentes, afectó a 28 adultos y una niña de 3 años.
Estas operaciones evidencian una forma de seguridad privada violenta que opera al margen del Estado, con violación de derechos y uso de la estructura pública para legitimar actos de represión.
Continuidad de la agresión y la impunidad
Este tipo de acciones no es un hecho aislado:
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El reclamo de las tierras por parte de campesinos se remonta al 2022, sin respuesta efectiva del Estado.
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La situación rural en Barinas revela que “la violencia en el campo sigue el patrón paramilitar”: uso de civiles armados para control territorial y desplazamiento forzado.
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Un testigo describió que los agresores dieron orden clara de perseguir a quienes ocuparan tierras ociosas, utilizando un discurso que mezcla acento local con código paramilitar.
El patrón es claro: la presencia de operadores no estatales al servicio de intereses privados representa una privatización de la violencia que el aparato legal venezolano parece avalar implícitamente al acusar a los campesinos de invasores, sin investigar a sus secuestradores.
Recomendaciones para garantizar justicia y desactivar la violencia
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Investigación independiente | Abrir expedientes contra los civiles armados y los responsables económicos o políticos involucrados. |
| Protección de los campesinos | Medidas urgentes de seguridad y asesoría legal gratuita. |
| Reforma agraria | Soluciones estructurales para evitar ocupaciones conflictivas. |
| Transparencia institucional | Investigar el rol de la Guardia Nacional en la entrega de los campesinos. |
