Por Felicia Osorio
La noticia sobre el desmantelamiento de un esquema Ponzi liderado por el colombiano Efraín Betancourt Jr. ha vuelto a resonar con fuerza en Miami, a propósito de su reciente detención. Registros federales revelaron que este individuo, de 36 años de edad, quien ostentaba una vida de opulencia en una residencia valorada en 1.5 millones de dólares en el piso 51 del Epic Residences & Hotel, con vistas panorámicas al río Miami, la bahía de Biscayne y el océano Atlántico, había construido su fortuna a costa de inversionistas, en su mayoría pertenecientes a la comunidad venezolano-americana.
No solo residía en un lugar privilegiado, sino que Betancourt también poseía una aeronave Piper y no escatimaba en gastos para su familia, regalando joyas costosas y disfrutando de vacaciones de lujo en Walt Disney World y el Caribe. Su boda, celebrada en un castillo de ensueño en la Riviera Francesa, fue solo una muestra más de su extravagante estilo de vida.
La fachada de este imperio fraudulento era Sky Group USA, una empresa de préstamos de día de pago registrada en Florida en 2015. A partir de 2016, Betancourt comenzó a captar inversores, prometiendo rendimientos exorbitantes. Su estrategia incluía la utilización de intermediarios en Miami, quienes se encargaban de atraer a nuevos inversores al esquema. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) no tardó en notar las irregularidades, especialmente después de que Sky Group suspendiera los pagos en 2019 y continuara buscando inversores en 2020.
Vanessa Countryman, entonces secretaria de la SEC, detalló en una orden del 1 de julio de 2022 cómo Betancourt se reunía personalmente con potenciales inversores, los contactaba por correo electrónico y teléfono, y firmaba en nombre de Sky Group todas las notas promisorias. Además, autorizaba el pago de comisiones a los corredores que conseguían nuevos inversores, a pesar de no estar registrado como corredor o distribuidor de valores ni poseer las licencias correspondientes.
La investigación de la SEC reveló que Betancourt había utilizado aproximadamente 19.2 millones de dólares de las inversiones para pagar a otros inversores, una práctica clásica de los esquemas Ponzi. Asimismo, se descubrió que Sky Group solo había otorgado alrededor de 12 millones de dólares en préstamos de día de pago, mientras que pagaba 9.8 millones en comisiones a decenas de agentes de ventas. A pesar de que el caso con la SEC se resolvió en 2022, la investigación federal continuó, desvelando la magnitud del fraude perpetrado por Betancourt.
De promesas lucrativas a una red de conspiración
Los fiscales federales informaron que el esquema Ponzi operado a través de Sky Group USA había logrado recaudar la asombrosa suma de 66 millones de dólares de inversionistas incautos. De este capital, se descubrió que Betancourt había desviado más de 7.5 millones de dólares para gastos personales, consolidando así su estilo de vida lujoso a expensas del dinero ajeno. Una acusación formal presentada el 12 de septiembre en un tribunal federal, y revelada públicamente el lunes 18 de noviembre pasado, expuso la mecánica del fraude: Betancourt utilizaba el dinero de nuevos inversores para pagar a los antiguos, haciéndoles creer que se trataba de ganancias legítimas generadas por Sky Group USA.
Para atraer a las víctimas, Betancourt ofrecía notas promisorias con rendimientos anuales que oscilaban entre el 24% y el 120%, una propuesta que, a ojos de muchos, resultaba irresistiblemente lucrativa. Aseguraba que los fondos se destinaban a otorgar préstamos de día de pago a los clientes de Sky Group USA y que las ganancias provenían de los intereses generados por dichos préstamos. Sin embargo, la realidad era muy diferente, pues la mayor parte del dinero se utilizaba para mantener el esquema en funcionamiento y financiar el extravagante estilo de vida de Betancourt.
El 14 de noviembre pasado, al ingresar a los Estados Unidos, Efraín Betancourt Jr. fue arrestado por agentes federales y acusado de conspiración para cometer fraude postal y electrónico. La magnitud de los cargos es tal que, de ser declarado culpable, enfrenta una pena máxima de 140 años de prisión. En la investigación del caso, colaboraron las oficinas de la SEC y el FBI en Miami, junto con investigadores de la Oficina de Regulación Financiera de Florida. El fiscal federal adjunto Roger Cruz está a cargo de la acusación.
La red de contactos de Betancourt y su esposa, Leidy Badillo, también salió a la luz durante las investigaciones. Se identificaron tres casos notables que revelaron la extensión de las conexiones de la pareja y su implicación en la captación de inversores. El primero de ellos fue Marco Carrasquillo, un reconocido estilista de celebridades que no solo se encargaba de la imagen de Leidy Badillo de Betancourt, sino que también viajó con la pareja a Francia. Mensajes de texto, audio y voz evidenciaron que Carrasquillo colaboró activamente en la captación de inversores para Sky Group USA, recibiendo comisiones por sus servicios.
Conexiones religiosas y de “influencia” en la trama del fraude
La investigación sobre la red de influencias de Efraín Betancourt Jr. y Leidy Badillo reveló conexiones que se extendían a ámbitos inesperados, incluyendo la esfera religiosa y el mundo de las redes sociales. En segundo lugar, se identificó a Carlos Ortiz, pastor de la iglesia Cristo Vive Miami, como beneficiario de cuantiosas donaciones por parte de las empresas de Betancourt. Sin embargo, fuentes cercanas al caso indicaron que los balances bancarios de la iglesia no reflejaban de manera transparente el destino de estos fondos, generando sospechas sobre el uso que se les dio.
Por otro lado, la figura del nutricionista español Guillermo Rodríguez Navarrete, conocido en redes sociales como “Nutrillermo” y amigo íntimo de la pareja Betancourt Badillo, también cobró relevancia en la investigación. Se descubrió que, al igual que el estilista Marco Carrasquillo, Rodríguez Navarrete colaboró en la captación de inversores para Sky Group USA, recibiendo a cambio jugosas comisiones como incentivo. Esta revelación puso en evidencia cómo Betancourt se valía de su círculo social para expandir su esquema fraudulento, utilizando la confianza y la influencia de personas cercanas para atraer a nuevas víctimas.
Adicionalmente, salió a la luz información sobre transacciones financieras sospechosas realizadas por Betancourt en el pasado. En 2021, se conoció que Betancourt había transferido al menos 3.6 millones de dólares a amigos y familiares, incluyendo a su ex esposa, Angélica Betancourt, y a la empresa EEB Capital Group LLC, sin que existiera, aparentemente, un propósito comercial legítimo para dichas transferencias. Según la denuncia de la SEC, las cuentas bancarias de EEB Capital Group LLC estaban controladas tanto por Betancourt como por su actual esposa, la venezolana Leidy Badillo.
A pesar de que el abogado de EEB Capital, James Sallah, reconoció que Betancourt y Badillo eran firmantes de las cuentas bancarias de la empresa, negó las acusaciones de la SEC sobre la recepción de 1.5 millones de dólares de los inversores de Sky Group sin una justificación válida. Por su parte, Angélica Betancourt, a través de su abogado Rick Díaz, refutó haber recibido 1.2 millones de dólares de Sky Group, afirmando que solo percibía un salario anual de 60,000 dólares de la empresa de préstamos. Díaz también representaba a Zorrilla y a otras personas que habían demandado a Betancourt.
El entramado legal en torno a Betancourt se complicaba aún más con la existencia de al menos media docena de demandas y casos de arbitraje presentados en su contra y contra Sky Group. Entre los demandantes se encontraban Víctor Segura y su hija, Johanna Segura, quienes perdieron 200,000 dólares tras invertir en el supuesto negocio de préstamos. Los Segura se consideraban inversores, no prestamistas, como Betancourt intentaba argumentar en su defensa. Sus abogados, Gerardo Vázquez y Steven Herzberg, sostenían que Betancourt había disfrazado las inversiones como pagarés para que parecieran préstamos y no valores, con el fin de evadir responsabilidades legales.
El desvío de fondos y las demandas contra Sky Group
La demanda federal presentada por Víctor y Johanna Segura contra Sky Group y Efraín Betancourt Jr. puso de manifiesto las irregularidades en la gestión de los fondos de los inversores. Según la demanda, Betancourt y Sky Group utilizaron una parte considerable del dinero no para otorgar préstamos de día de pago, como habían prometido, sino para cubrir gastos operativos, compensar a los ejecutivos de la empresa y pagar comisiones a asesores, corredores y agentes de ventas no registrados. Esta revelación confirmó las sospechas de las autoridades y de los inversores sobre el destino real de los fondos, evidenciando que el negocio de préstamos de día de pago era una mera fachada para encubrir el esquema Ponzi.
Los Segura, al igual que muchos otros inversores, habían confiado en las promesas de altos rendimientos de Betancourt, sin imaginar que sus fondos serían utilizados para enriquecerlo a él y a su círculo cercano.
