La Fiscalía General del Estado español ha dado respuesta, tras recibir una denuncia formal que apunta a un presunto esquema de blanqueo de capitales con origen en Venezuela. Este paso se concretó con la emisión de un acuse de recibo, fechado el pasado 10 de enero de 2025, dirigido a Salvador Jesús Pimentel Roja, abogado y criminólogo venezolano residente en Madrid.
Fue el propio Pimentel quien formalizó la denuncia, cuyo contenido detalla acusaciones contra dos individuos por el delito de blanqueo de capitales. Según documentos a los que se ha podido tener acceso, los acusados son el ciudadano portugués Joao Mendes Pedro y el venezolano Henry Alexander Colmenares.
La denuncia presentada por Pimentel, registrada formalmente en la Fiscalía General el 16 de diciembre de 2024 bajo la referencia “N./Ref.: ST 14/2025”, lleva la impronta de una investigación que podría desentrañar una trama de flujo ilícito de fondos desde el país sudamericano.
La conexión venezolana emerge como un elemento central de la investigación, pues las presuntas actividades de blanqueo se vinculan directamente a “conductas cometidas en Venezuela”.
El denunciante y el traslado a la Fiscalía Provincial: Primeros pasos de la investigación
La Fiscalía General del Estado, actuando a través de su Secretaría Técnica, notificó a Pimentel Roja el curso que tomaría su denuncia. Se le informó del traslado del expediente a la Fiscalía Provincial de Madrid. La locución “a los efectos procedentes” en la comunicación oficial sugiere que la Fiscalía Provincial madrileña deberá ahora evaluar la consistencia de las acusaciones y determinar la necesidad de abrir una investigación formal o presentar cargos.
La firma digital de Ana Isabel García León, Fiscal de Sala Jefa de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, da fe de la oficialidad del documento.
El procedimiento se desencadenó tras los anuncios realizados a principios de diciembre del año pasado por el propio Salvador Pimentel Roja. El abogado y criminólogo venezolano ya había anticipado sus intenciones de llevar a cabo acciones legales, no solo ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, sino también ante la Fiscalía General de Portugal. El objetivo primordial de esta doble ofensiva legal era precisamente Joao Mendes Pedro, ahora identificado como uno de los principales señalados en la denuncia formalmente admitida.
Acusaciones detalladas contra Mendes Pedro: Corrupción y flujo de capitales ilícitos
Las acusaciones que pesan sobre Mendes Pedro se centran en su presunta participación en una serie de delitos que habrían erosionado el patrimonio público venezolano. En el núcleo de las imputaciones se encuentra su supuesta conexión con la trama de corrupción conocida como Pdvsa-Cripto, un escándalo que ha sacudido las finanzas del país sudamericano. Además, se le señala como un actor clave en la gestión de complejas operaciones financieras diseñadas para lavar capitales provenientes del erario venezolano.
La sombra de estas operaciones se extiende más allá de las fronteras venezolanas, alcanzando a España, Portugal y otros países, tejiendo una red intrincada de movimientos de dinero. Pimentel sostiene que Mendes Pedro habría utilizado una variedad de entidades bancarias para ejecutar estas transacciones ilícitas, incluyendo el Banco Venezolano de Crédito, así como instituciones financieras de alcance internacional y plataformas NeoBank o Fintech, aprovechando la agilidad y el alcance global de estas últimas.
La estrategia legal de Pimentel buscaría una investigación exhaustiva que no solo se centre en las actividades financieras de Mendes Pedro, sino también en su círculo más cercano, con la meta final de identificar y congelar los activos que se sospecha fueron obtenidos a través de la corrupción.
Vínculos con figuras clave del Gobierno venezolano y el destino de los fondos sospechosos
Las pesquisas lideradas por Salvador Pimentel han revelado un entramado de relaciones entre Joao Mendes Pedro y figuras de alto rango dentro del gobierno venezolano. Se destaca su conexión con el exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, y con el exministro Tareck El Aissami, hoy tras las rejas. La red se extiende aún más, alcanzando a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ocuparon posiciones estratégicas en PDVSA durante la gestión de El Aissami.
Mendes Pedro emerge en este contexto como una pieza central en el intrincado mecanismo de legitimación de capitales sustraídos de Venezuela, con operaciones que se ramifican a lo largo y ancho de la Unión Europea y Estados Unidos.
Según las investigaciones, una considerable parte del dinero desviado del patrimonio venezolano habría encontrado refugio en cuentas bancarias de entidades europeas. No solo eso, sino que también habría sido inyectado en diversas empresas y activos, diversificando su huella y buscando opacidad.
En consecuencia, el abogado Pimentel ha puesto su mirada en las autoridades de España, Italia y Portugal, solicitando investigaciones minuciosas sobre las propiedades y bienes de Mendes Pedro y sus familiares, quienes también estarían bajo la lupa por su presunta implicación en esta trama de corrupción.
El objetivo final de estas acciones sería la inmovilización de estos activos, un paso crucial para la eventual recuperación de los fondos públicos que se sospecha fueron malversados y para llevar a los presuntos responsables ante la justicia.
Militares y testaferros en la mira: La trama se extiende a Europa
Con un tono crítico, Pimentel ha levantado la voz ante los medios, señalando la presunta participación de militares que formaron parte de PDVSA durante la administración de Tareck El Aissami. Según sus declaraciones, estos individuos ahora buscarían disfrutar en suelo europeo de los frutos obtenidos de manera fraudulenta. Esta afirmación establece un vínculo directo entre Joao Mendes Pedro e individuos que actualmente poseerían propiedades en España, como el coronel Antonio Pérez Suárez, entre otros militares ligados al exministro El Aissami.
El dedo acusador de Pimentel apunta hacia la manera en que algunos individuos se habrían aprovechado de sus posiciones de poder para enriquecerse ilícitamente. En este caso específico, se traza una conexión entre Tareck El Aissami, el coronel Marino José Lugo Aguilar y otros militares, quienes, en una presunta connivencia con Mendes Pedro y algunos de sus familiares, habrían incurrido en delitos que van desde la corrupción y la legitimación de capitales hasta el fraude.
Las acciones ilícitas, según se desprende de la información recabada, habrían facilitado el desvío de sumas significativas de dinero del patrimonio público venezolano.
Salvador Pimentel presume que una parte considerable del dinero obtenido por Joao Mendes Pedro a través de sus supuestas actividades irregulares en PDVSA ha sido destinada a la creación de empresas. Estas entidades contarían con la colaboración de socios que también actuarían como testaferros de exfuncionarios de la industria petrolera, tejiendo una red de complicidades que busca ocultar el origen ilícito de los fondos.
Apartamentos de lujo y llamado a la cooperación internacional: La persecución de los activos ilícitos
Además de las inversiones empresariales, se presume que una porción del dinero obtenido ilícitamente por Mendes Pedro fue destinada a la adquisición de apartamentos en zonas exclusivas de Venezuela, como los municipios El Hatillo y Baruta del estado Miranda, así como en Caraballeda, estado La Guaira.
La adquisición de camionetas de lujo marca Toyota también figura entre las presuntas maniobras, supuestamente utilizadas como incentivos para facilitar viajes de Mendes Pedro a Miami, Estados Unidos, con el objetivo de abrir cuentas bancarias y mover capitales fuera del alcance de las autoridades venezolanas.
En este contexto, el Dr. Salvador Pimentel ha extendido un llamado a la comunidad legal internacional. Su mensaje es claro: instar a la denuncia ante los organismos competentes de aquellos individuos que han sustraído fondos del Estado venezolano y los han introducido de manera ilegal en diversas partes del globo.
Pimentel ha urgido a las autoridades internacionales a no permitir que estos individuos continúen infligiendo daño patrimonial a la nación venezolana, exigiendo que sean perseguidos en cualquier jurisdicción donde se encuentren.
En un llamado a la acción, Pimentel ha solicitado formalmente a la Fiscalía venezolana que active todos los mecanismos necesarios para procesar en Venezuela a este grupo de personas acusadas de legitimación de capitales a escala global.
Bienes inmuebles y empresas fachada: El rastro del dinero ilícito
Más allá de la creación de empresas con socios presuntamente actuando como testaferros, existe la fuerte sospecha de que los fondos obtenidos de manera irregular también se han canalizado hacia la adquisición de bienes raíces y vehículos, tanto en Venezuela como en países europeos y Estados Unidos.
Dentro del abanico de propiedades vinculadas a Mendes Pedro, destaca una gasolinera ubicada en Guarenas, estado Miranda, Venezuela, bautizada como “Estación de Servicio El Socorro C.A.”. Se presume que este negocio ha operado como una fachada para legitimar capitales de procedencia dudosa, supuestamente provenientes de PDVSA. Esta operativa habría permitido evadir obligaciones fiscales y transferir considerables sumas de dinero hacia Europa sin la debida transparencia ante las autoridades competentes.
Según el denunciante, esta práctica constituye una flagrante violación a las leyes venezolanas e internacionales, facilitando el blanqueo de capitales a una escala considerable. Salvador Pimentel afirma poseer documentación que respalda la participación de al menos cinco socios y colaboradores de Joao Mendes Pedro en estas maniobras de legitimación de capitales dentro de la industria petrolera venezolana. Entre estos nombres figuran familiares directos de Mendes Pedro: Antonio Rafael Mendes Pedro, su hermano; Lisbeth Carolina Chirinos García, su esposa; Moreno Pernía Yoleida del Valle; y sus hijos, Johnny Alexander Mendes Chirinos y Michelle Lisbeth Mendes Chirinos. Entre las empresas que forman parte de esta intrincada red se encuentran Inversiones Hermano Mendes y Asociados C.A., Panadería y Pastelería Buenaventura Vista Play C.A., Licorcaiza S.R.L., la ya mencionada Estación de Servicio El Socorro C.A., y Licorcaiza Express S.R.L.
Con domicilio en Caracas y el estado Miranda, tales entidades habrían sido instrumentalizadas para encubrir las operaciones ilícitas de Mendes Pedro y su grupo.
