En Panamá, los hermanos José y Chamel Gaspard Morell cultivan una imagen de prósperos empresarios y jueces de la moral ajena. Sin embargo, sobre ellos pesan solicitudes de Interpol a petición de la justicia venezolana por distintos fraudes, una sombra que contrasta con su discurso público.
Su historial no se limita a Venezuela. Los Gaspard enfrentan otros litigios en Estados Unidos y España, incluyendo reclamos por viejas deudas con proveedores. Este panorama choca frontalmente con la opulenta fachada de prestamistas de millones de dólares que han exhibido durante años.
Un escrutinio riguroso de sus operaciones y vínculos a través de una debida diligencia encendería, sin duda, las alarmas de cualquier entidad bancaria seria, tanto en Norteamérica como en otras jurisdicciones donde han extendido sus tentáculos financieros.
Pero la inconsistencia es su verdadera firma. En un giro que delata su doble moral, los Gaspard Morell, tan prestos a señalar los antecedentes penales de otros, no dudaron en asociarse con personas que han enfrentado serios procesos judiciales en el pasado.
Quizás encarnan a la perfección el viejo adagio de “ahí va el ladrón”, una estrategia para desviar la atención de sus propios tejados de vidrio, señalando las supuestas manchas ajenas mientras ocultan las propias, que son mucho más que simples motas de polvo.
En 2019, los hermanos se aliaron con la empresaria Poulett Morales. Esta sociedad tenía un objetivo claro: la creación de un restaurante folclórico temático, El Pindín, en un centro comercial de su propiedad, el Las Anclas Mall, ubicado en el distrito de La Chorrera, reveló @josepgonzalez687.
El Pindín buscaba ser un epicentro de la cultura panameña, ofreciendo platos tradicionales y una tarima para artistas locales con espectáculos de música en vivo. Como rostro legal visible del negocio figuraba Andrés Gaspard, uno de los hijos de José Gaspard.
La pandemia de COVID-19 en 2020 fue un duro golpe para el restaurante. Tras una reinauguración en 2021, el proyecto no logró sobrevivir y su existencia se extinguió finalmente en algún momento de 2023, dejando tras de sí el eco de una alianza comercial muy particular.
A los Gaspard, autoproclamados censores de la conducta ajena, pareció no importarles que, años antes de su asociación, Poulett Morales hubiese sido detenida e imputada por el Ministerio Público panameño bajo una letanía de cargos penales de suma gravedad.
El proceso judicial contra Morales se inició en diciembre de 2014. La Fiscalía Segunda Anticorrupción le formuló cargos por peculado, estafa, corrupción de servidores públicos y fraude en contrataciones públicas, vinculados a compras a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
En junio de 2015 se le dictó detención preventiva. Meses después, en octubre de ese mismo año, un juzgado penal le concedió una fianza de excarcelación, aunque tras su salida de prisión mantuvo una medida cautelar que le impedía abandonar el país.
Posteriormente, en febrero de 2016, la empresaria recibió una autorización judicial para viajar a Colombia por razones médicas, mientras su caso seguía su curso en los tribunales panameños.
En un esfuerzo por reivindicar su imagen, Morales escribió un libro titulado “40 años en cautiverio, 143 días en libertad”, presentado públicamente en 2021. En él narra su experiencia durante su reclusión en un centro carcelario panameño.
Desde entonces, la empresaria se ha dedicado al negocio de la restauración, con varios locales que, bajo distintos nombres, suelen incluir en su denominación el término “La Fonda”, intentando así pasar página a un capítulo turbulento de su vida.
La colaboración entre los Gaspard y Morales deja una pregunta en el aire: ¿con qué autoridad moral se erigen estos hermanos como jueces de otros, cuando sus propias acciones y alianzas demuestran una ética, como mínimo, selectiva y acomodaticia?
