En una entrevista exclusiva para EVTV Miami, el abogado Salvador Pimentel reveló detalles sobre una demanda que fue admitida en la Corte Penal Internacional contra individuos involucrados en el tráfico de las necesidades del pueblo venezolano. La denuncia acusa a funcionarios y empresarios de un envenenamiento masivo al distribuir en Venezuela alimentos contaminados destinados a los más vulnerables.
Pimentel explicó que la demanda se centra en aquellos que autorizaron las contrataciones, quienes tenían la obligación de controlarlas, y diputados que conocían la situación de primera mano pero no actuaron. En lugar de frenar la distribución de alimentos tóxicos, estos individuos manejaron una red de complicidad en detrimento de la salud pública.
El abogado especificó que se comprobó que los alimentos no cumplían con los estándares para el consumo humano, resultando en intoxicaciones y daños a la salud. Los alimentos fueron distribuidos a pesar de ser tóxicos, e incluso el Estado pagó por ellos como si fueran de primera calidad.
Diputados bajo la lupa
Pimentel también señaló que algunos diputados, en lugar de denunciar la situación, viajaron al extranjero buscando cartas de buena conducta para la estructura financiera involucrada. Estos diputados, según Pimentel, ya portaban las cartas y las distribuyeron en varios lugares. Aunque algunos diputados, como José Luis Pirela, han negado su participación, Pimentel subrayó que, como miembros de la comisión, deben ser investigados. La justicia determinará el grado de participación de cada uno, pero la comisión estaba integrada por Conrado Pérez, Richard Arteaga, José Brito, Adolfo Superlano, José Luis Pirela, Guillermo Luces, Chaín Bucarán y Luis Eduardo Parra.
El abogado enfatizó que el caso no se trata de una distribución con intención de matar, sino de una corrupción con desprecio por las consecuencias. A pesar de ser conscientes del daño que causaban los alimentos, los acusados consintieron y continuaron con la distribución. Pimentel remarcó la gravedad de atentar contra la salud y el derecho a la alimentación, sometiendo a la población a intoxicaciones y riesgos.
El jurista destacó la importancia de la admisión del caso en la Corte Penal Internacional y que ahora forma parte del expediente de Venezuela 1. A pesar de que hay denuncias en Venezuela, estas no han prosperado, lo que justifica la intervención de la corte internacional. El abogado anticipa que podrían surgir nuevas denuncias, aunque no se sabe si la fiscalía permitirá nuevos ingresos al expediente o abrirá nuevos casos.
Implicaciones políticas y premios a los involucrados
La entrevista con Salvador Pimentel profundizó en las implicaciones políticas del caso. El abogado señaló que, a pesar de la gravedad de las acusaciones, algunos de los individuos involucrados no solo evitaron investigaciones, sino que también fueron premiados con cargos políticos. Pimentel mencionó el caso de José Brito, quien fue designado jefe de uno de los principales partidos políticos y hasta se convirtió en candidato presidencial, a pesar de estar señalado como uno de los “alacranes” involucrados en la trama de corrupción.
Este hecho, según Pimentel, agrava aún más la situación, ya que en lugar de investigar de oficio a estas personas, se les otorgaron puestos de poder. El abogado destacó que, aunque en Venezuela existen denuncias contra estos sujetos, estas no han avanzado. Sin embargo, la admisión del caso en la Corte Penal Internacional, junto con las denuncias locales, presiona a la fiscalía venezolana para que tome medidas y se reivindique.
Funcionarios del Gobierno encausados
Pimentel también reveló que la demanda ante la Corte Penal Internacional no solo incluye a diputados, sino también a funcionarios del Gobierno. En específico, mencionó a Giuseppe Yoffreda, el general Luis Alberto Medina Ramírez, y Simón Zerpa, exfuncionarios del sector alimentario. Estos individuos fueron incluidos en la demanda porque se comprobó que firmaron los contratos, participaron en las contrataciones y tenían la obligación de auditar la calidad de los alimentos.
Pimentel aclaró que su denuncia fue objetiva, basada en pruebas concretas, y que no dudará en denunciar a otras personas una vez que tenga pruebas contundentes de su participación. La clave, según el abogado, es la documentación y la verificación de la calidad de los alimentos, que debió regirse por las normas COVENIN.
El papel de la fiscalía y el principio de complementariedad
El abogado resaltó que la fiscalía venezolana tiene la oportunidad de actuar y reivindicarse, ya que el principio de complementariedad está llegando a su límite. Este principio se refiere a la obligación de la justicia nacional de actuar antes de que la Corte Penal Internacional intervenga. Pimentel subrayó que existen denuncias tanto a nivel internacional como local, pero que estas últimas no han progresado por razones inexplicables.
Pimentel también indicó que no existe una relación directa entre los méritos políticos y los cargos otorgados a los involucrados en el caso. Sin embargo, la impunidad con la que actúan estas personas, al no ser investigadas y recibir premios políticos, es una agravante para la justicia internacional.
El futuro del caso y las acciones legales
Salvador Pimentel describió las fases que se esperan en el desarrollo del caso. Señaló que el expediente ante la Corte Penal Internacional forma parte del caso Venezuela 1, donde hay aproximadamente 200 denunciados, incluyendo los implicados en la distribución de alimentos contaminados. La expectativa es que la fiscalía venezolana actúe pronto contra muchos funcionarios, incluidos los denunciados por Pimentel.
- El abogado explicó que no se sabe si la fiscalía permitirá nuevas denuncias en Venezuela 1, o si abrirá nuevos expedientes como Venezuela 3, 4 ó 5, pero en cualquier caso, este caso deberá ser asignado a Venezuela 1.
Delitos en Venezuela y Estados Unidos
Pimentel subrayó que los delitos cometidos en Venezuela son más graves que los que se están enjuiciando en la Corte Penal Internacional. En Venezuela, se deben investigar:
- La escalada de soborno.
- La corrupción.
- La dejación de funciones de los contralores, a quienes calificó de “alcahuetes” (una palabra no jurídica).
Además de la Corte Penal Internacional, Pimentel informó que se están impulsando investigaciones en Estados Unidos, donde se presentarán las pruebas recolectadas y otras más, dependiendo del interés jurídico de cada lugar. En Estados Unidos, se puede usar la Convención de Palermo para denunciar delitos que no son admisibles en la Corte Penal, como los de corrupción.
Pimentel hizo un llamado para que los responsables de estos actos no queden impunes. Enfatizó que la justicia puede tardar, pero siempre llega, y que aquellos que creen que pueden burlarse de la salud y las necesidades de los venezolanos están equivocados. El abogado concluyó expresando su compromiso de mantener informada a la opinión pública sobre el progreso de este caso.
