Por Paola Benítez
Una sombra de duda se cierne sobre el clima de inversión en Panamá, específicamente en los sectores aeronáutico y marítimo. Voces alertan sobre trabas y demoras que estarían enfrentando empresas extranjeras, particularmente aquellas con capital estadounidense, interesadas en invertir en el país. Esta situación, que se percibe como un retroceso, genera preocupación y levanta interrogantes sobre las verdaderas intenciones detrás de estas acciones. Son vistas con preocupación las paredes o barreras impuestas en Panamá a inversiones de empresas estadounidenses.
Las alarmas se encendieron tras las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien desde diciembre de 2024 ha cuestionado la decisión de devolver el control del Canal de Panamá al país istmeño en 1999, e incluso manifestó su intención de “recuperar” la administración que Estados Unidos ejerció sobre la vía interoceánica. Estas palabras generaron resquemor en el país centroamericano, creando un ambiente de incertidumbre sobre el futuro de las inversiones foráneas, especialmente las provenientes del gigante norteamericano.
En el ámbito aeronáutico, la situación se describe como un laberinto burocrático. Si bien es comprensible y hasta necesario el establecimiento de una permisología para regular el sector, se denuncia que, más allá de los trámites habituales, se imponen barreras adicionales que dificultan la obtención de licencias y la supervisión de aeronaves. Los retrasos son la norma.
Para la aprobación de nuevos permisos, por ejemplo, los funcionarios argumentan, en el caso de las inspecciones, que serán necesarias demoras de meses, postergando las revisiones. Estas dilaciones se convierten en un lastre que frena el desarrollo y la competitividad.
La percepción generalizada, especialmente dentro del sector de la aviación, es que existe un interés oculto en impedir la entrada de compañías del exterior.
¿Oligopolios a la Sombra?
Dentro del sector de la aviación en Panamá, se percibe que existe un interés solapado en impedir la entrada de compañías del exterior. Esta situación deja dudas sobre las posibles causas y responsables de este aparente bloqueo a la inversión extranjera.
Una de las hipótesis que cobra fuerza es la presunta influencia de oligopolios, tanto en el sector aeronáutico como en el marítimo. Estos grupos, ya establecidos y con una posición dominante en el mercado panameño, podrían estar ejerciendo presión para evitar la llegada de nuevos competidores que amenacen su hegemonía. ¿Acaso estos grupos de poder imponen barreras para proteger sus intereses, limitando la competencia y manteniendo el control sobre estos sectores clave de la economía?
Surge entonces la duda sobre el papel que juegan algunos funcionarios públicos en esta trama. ¿Podrían estar actuando bajo la influencia de estos oligopolios, obedeciendo a intereses particulares en lugar de velar por el bien común y el desarrollo del país? ¿Existe una complicidad entre ciertos empleados de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) con estos grupos de poder, que se traduce en la obstaculización sistemática de los trámites para empresas foráneas?
La situación se agrava, toda vez, que la llegada de nuevos actores al mercado, en teoría, estimularía una mayor competencia, lo que a su vez podría traducirse en precios más competitivos y beneficios para los consumidores. Sin embargo, la realidad parece ser otra, y todo indica que el tortuoso camino burocrático, los retrasos injustificados y las trabas impuestas a las empresas extranjeras están frenando este potencial.
Llamado a la acción gubernamental
Ante la intrincada situación que enfrentan las inversiones extranjeras en los sectores aeronáutico y marítimo de Panamá, es crucial que el gobierno del presidente José Raúl Mulino tome cartas en el asunto. La inacción no es una opción, y se requiere una investigación exhaustiva para esclarecer lo que está ocurriendo en las entrañas de estas instituciones estatales.
Expertos del sector aeronáutico consultados coinciden en exhortar al mandatario panameño a ordenar una pesquisa profunda que determine si existe una colusión entre funcionarios públicos y los oligopolios que dominan estos sectores. Es imperativo desentrañar si las demoras, la burocracia excesiva y las trabas a la inversión extranjera son producto de una estrategia deliberada para proteger intereses particulares, en detrimento del desarrollo económico del país y la libre competencia.
Según los experto, es fundamental que se apliquen los correctivos necesarios para revertir esta situación. Se debe enviar un mensaje claro y contundente de que Panamá es un país abierto a la inversión extranjera, que respeta las reglas del juego y que no tolerará prácticas desleales ni comportamientos que atenten contra la transparencia y la competitividad.
Los expertos coinciden además en que las autoridades de alta jerarquía en Panamá están el deber de estimular la inversión y garantizar que los trámites, tanto en el sector aeronáutico como en el marítimo, se realicen de manera ágil y eficiente. Es hora de despejar las sombras de duda y construir un clima de confianza que atraiga capitales extranjeros, genere empleos y contribuya al progreso del país. La inacción solo perpetuará las sospechas y dañará la imagen de Panamá como destino atractivo para la inversión.
