El ya turbulento caso de la quiebra del Banco del Orinoco N.V. (BDO) ha entrado en una nueva y virulenta fase. Un cruce de misivas entre el síndico de la quiebra y el Grupo Cartera de Inversiones Venezolanas (CIVCA) ha desatado una tormenta de acusaciones que salpica directamente al beneficiario final del conglomerado, Víctor Vargas Irausquín, y a figuras de alto perfil como Luis Alfonso de Borbón. Lo que hasta hace poco se manejaba en los pasillos de los tribunales de Curazao, ahora se ha convertido en un campo de batalla público, reveló Reporte de la Economía.
La mecha se encendió el pasado 2 de septiembre, cuando el síndico Danilo Narváez lanzó un dardo envenenado en forma de correo electrónico a los acreedores. En el texto, Narváez confirmaba sin rodeos que sus esfuerzos se centraban en recuperar activos presuntamente “apropiados por Cartera de Inversiones Venezolanas C.A. y su beneficiario final, el venezolano Víctor José Vargas Irausquin”. La comunicación escaló en gravedad al revelar la existencia de una denuncia por “fraude concursal” (*bedrieglijke bankbreuk*), acusando a Vargas y a Cartera no solo de la apropiación indebida de activos por una cifra colosal de 1.500 millones de dólares, sino también de falsificación.
La réplica de CIVCA no se hizo esperar. El 3 de octubre, circuló un comunicado —calificado de apócrifo por los abogados Roberto Hung y Carlos Calderón al carecer de firma responsable— que intentaba desmantelar las imputaciones del síndico, tildándolas de “infundadas” y carentes de “sustento fáctico y jurídico”. En un contragolpe, el conglomerado acusó a Narváez de generar una “percepción errónea del proceso” y anunció el inicio de acciones legales en su contra.
Sin embargo, la controversia va más allá de un simple intercambio epistolar. La denuncia del síndico pone en el punto de mira a todo el entramado directivo que gestionaba la entidad al momento de su colapso. Documentos del proceso de quiebra identifican, además de a Vargas como beneficiario final, a los miembros de la junta directiva: Joel Santos Tobio, Santos Alonso Ramos y, notablemente, a Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú, cuya implicación añade una dimensión internacional al escándalo. Este enfrentamiento público no es más que la punta de un iceberg que esconde un historial de promesas incumplidas y maniobras legales cuestionables.
Un castillo de naipes: El fantasma de los documentos falsos y la memoria selectiva de CIVCA
El reciente comunicado de Cartera de Inversiones Venezolanas no solo es cuestionable por su anonimato, sino que se sustenta sobre un castillo de naipes: su “famoso plan de composición”. Según recordaron los juristas Carlos Calderón y Roberto Hung el pasado jueves, 8 de octubre, esta propuesta fue categóricamente rechazada en la asamblea de acreedores celebrada ante el tribunal de la quiebra el pasado 6 de diciembre de 2024. En aquella sesión, tanto la sindicatura como un significativo grupo de afectados votaron en contra de un plan que calificaron de “insultante”, carente de garantías y diseñado para evadir responsabilidades.
Este episodio de memoria selectiva no es un hecho aislado; es un eco de un patrón de conducta que ha marcado el proceso desde sus inicios. La sombra de la falsificación documental, mencionada por el síndico en su última comunicación, no es una novedad. De hecho, fue uno de los detonantes de la intervención del banco. Ya en 2019, el Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) fundamentó su solicitud de quiebra, entre otras razones, en la “utilización de documentación falsa” por parte de la entidad.
El ejemplo más flagrante y audaz de esta práctica se materializó el año pasado. En un intento por dar credibilidad a su plan, CIVCA aseguró poseer una multimillonaria cartera de títulos valores custodiada por Farringdon Asset Management, una reconocida firma con sede en Singapur. El tribunal, escéptico, les concedió un plazo de 15 días para presentar una certificación que lo acreditara. Justo el último día, el grupo entregó una comunicación supuestamente firmada por un representante de Farringdon.
La maniobra se desplomó estrepitosamente. Según consta en los informes de la sindicatura, al contactar directamente con Martin Young, director de Farringdon, el 14 de octubre de 2024, su respuesta fue demoledora: la carta era un fraude, la dirección de correo electrónico desde la que se envió era falsa y, para rematar, ni el Banco del Orinoco ni Cartera de Inversiones “han sido, son o serán clientes” de su firma, según recordaron los abogados Carlos Calderón y Roberto Hung. Este historial de engaños documentados arroja una luz sombría sobre la credibilidad de cualquier comunicado o promesa emanada del entorno de Víctor Vargas.
La trampa legal del plan de composición: Cambiando oro por papel mojado
A pesar de su estrepitoso fracaso en la asamblea de diciembre y de estar cimentado sobre la falsedad de los activos de Farringdon, Cartera de Inversiones Venezolanas insiste en presentar su Plan de Composición como un salvavidas para los acreedores. En su reciente comunicado, el conglomerado se jacta de que más de 630 afectados (un 46% del total) ya han suscrito los acuerdos. Sin embargo, un análisis detallado de lo que estos acreedores han firmado revela una artimaña legal que, según los abogados Hung y Calderón, equivale a cambiar oro por papel mojado.
La esencia del pacto es una cesión y canje que despoja a los depositantes de su principal activo: un derecho de cobro exigible e inmediato (o a su vencimiento) contra una entidad bancaria en la jurisdicción de Curazao. A cambio, reciben una promesa etérea de pago de un particular, una compañía del Grupo Cartera, que ni siquiera es la accionista principal del banco quebrado. Esta nueva obligación, regida por las leyes de Venezuela, posterga cualquier posibilidad de cobro a un incierto futuro, con plazos que se extienden hasta por cinco años.
La oferta es, en la práctica, un salvavidas de plomo. Al firmar el documento, instrumentado por la firma de abogados Polanco, Azuaje & Mármol, los acreedores no solo aceptan un canje desventajoso, sino que, de manera crucial, exculpan a los responsables de cualquier otra responsabilidad legal. Renuncian a perseguir judicialmente a los directivos y accionistas en otras jurisdicciones, desmantelando así cualquier frente de presión que pudiera obligarlos a responder con su patrimonio personal por el descalabro de 854 millones de dólares.
El respaldo de este plan no se basa en activos líquidos o verificables, sino en una nebulosa cartera de crédito endosada al cobro, vinculada a otras empresas del propio Víctor Vargas, como Esvenca, Asfavenca y Cartera de Inversiones Petroleras (CIP). Se invita a los afectados a confiar en la solvencia futura de un entramado empresarial cuyo historial reciente está manchado por la opacidad y la falsificación. La advertencia de los juristas a quienes han firmado es lapidaria y premonitoria: “Señor, anote la fecha en que usted celebró esa negociación y comuníquese con nosotros dentro de cinco años”, comentaron los abogados Calderón y Hung.
El sello de Deloitte: ¿Un aval de confianza o un espejismo de legitimidad?
Para apuntalar la frágil estructura de su Plan de Composición, el Grupo Cartera ha recurrido a una estrategia clásica: levantar una fachada de respetabilidad utilizando el nombre de firmas de renombre. En el centro de esta maniobra se encuentra la socia venezolana de la trasnacional de auditoría y consultoría Deloitte & Touche, cuya “Certificación de Capacidades” de noviembre de 2024 sobre Esvenca y Asfavenca, es esgrimida como garantía de la solvencia de las empresas que supuestamente respaldarán los pagos a los acreedores.
Sin embargo, una inspección más atenta de este supuesto aval revela una chapuza que delata la improvisación rampante que parece signar cada movimiento de CIVCA. En el documento que certifica la capacidad de Esvenca, una de las joyas de la corona de Vargas para este plan, Deloitte incurre en un descuido garrafal: el nombre de la empresa aparece repetidamente mal escrito como “Enviromental Solutions de Venezuela, C.A.”, omitiendo una “n” fundamental. El nombre correcto, “Environmental Solutions de Venezuela C.A.”, figuraba incluso en la propia (y ya desaparecida) página web de la compañía. Este error, lejos de ser una simple errata, es una metáfora perfecta del plan en su totalidad: una apariencia de solidez que se desmorona ante el más mínimo escrutinio.
Esta informalidad se extiende a la propia presencia digital del conglomerado. La página web de Cartera de Inversiones Venezolanas fue creada a toda prisa entre finales de 2024 y principios de 2025, evidenciando que la comunicación y la transparencia no eran una prioridad hasta que la presión de los tribunales y los acreedores se hizo insostenible.
Si bien el nombre de Deloitte puede inspirar confianza, su historial no está exento de controversias. La red global opera como un conjunto de firmas miembro independientes, y la firma venezolana es una de ellas. A nivel internacional, Deloitte ha enfrentado investigaciones y multas millonarias en casos tan sonados como el escándalo de Abengoa en España, el de Primus Capital en Chile o el fraude de Parmalat en Italia, donde se cuestionó la rigurosidad de sus auditorías. Por lo tanto, su sello en este plan, lejos de disipar las dudas, las multiplica, invitando a preguntar qué nivel de diligencia se puede esperar de una certificación que -como en el caso de Esvenca- ni siquiera logra transcribir correctamente el nombre de la empresa que avala.
El agujero negro financiero: ¿Dónde están los 854 millones de dólares?
Más allá de la guerra de comunicados y las dudosas propuestas de pago, la pregunta fundamental que resuena desde el 4 de octubre de 2019, fecha en que se decretó la quiebra, sigue sin respuesta: ¿dónde están los 854 millones de dólares de los acreedores del Banco del Orinoco? La sentencia de quiebra, que quedó firme el 5 de julio de 2024 tras el retiro de las apelaciones del propio Grupo Cartera, confirmó lo que el Banco Central de Curazao ya había advertido: la posición financiera de la entidad era “deplorable” y su supuesto patrimonio parecía “inexistente”.
El misterio se torna aún más profundo y sospechoso al contrastar la falta de liquidez del banco con las fastuosas cifras que el propio Grupo Cartera ha manejado en sus comunicaciones. Según declaraciones de Víctor Vargas y sus representantes, el grupo disponía de una cartera de valores que, a septiembre de 2024, alcanzaba un valor de mercado de aproximadamente 1.600 millones de dólares. La pregunta, planteada por los abogados Calderón y Hung, es inevitable y demoledora: si Cartera de Inversiones manejaba una fortuna de tal magnitud, ¿por qué no apareció ni un solo dólar a nombre del Banco del Orinoco para hacer frente a sus obligaciones?
Esta flagrante contradicción es el nudo gordiano del caso. ¿Cómo es posible que los 854 millones de dólares depositados por los clientes se hayan desvanecido, mientras que, en paralelo, los activos del accionista principal se multiplicaban? La lógica apunta a una sola dirección, la misma que investiga el síndico: una presunta apropiación indebida de los fondos del banco para engrosar la cartera de inversiones del conglomerado.
La situación es una paradoja financiera que clama al cielo. Por un lado, una entidad bancaria declarada insolvente por falta de activos. Por otro, su beneficiario final alardeando de poseer una cartera que duplica el monto de la deuda. En este abismo entre la realidad del banco y la narrativa del accionista yace la clave de lo que en Curazao se califica como una potencial quiebra fraudulenta.
El laberinto judicial: Entre la lenta justicia y la desesperación de los afectados
El camino hacia la justicia para los miles de acreedores del Banco del Orinoco se ha convertido en una odisea legal de seis largos años, un laberinto donde cada giro parece conducir a una nueva demora. La sentencia de quiebra, aunque firme, solo marcó el inicio de una batalla mucho más compleja: la recuperación de los activos desaparecidos. La denuncia penal por fraude concursal, interpuesta por el síndico el pasado 24 de marzo de 2025 y revelada el 2 de octubre pasado, representa un paso crucial, llevando el caso del ámbito mercantil al penal y poniendo bajo la lupa la responsabilidad directa de Víctor Vargas y su cúpula directiva.
En su desesperado intento por ganar tiempo, el Grupo Cartera ha utilizado tácticas dilatorias, como las reiteradas solicitudes de aplazamiento en las reuniones de acreedores. La audiencia del 27 de septiembre de 2024, por ejemplo, fue pospuesta para el 10 de marzo de 2025, no sin antes recibir un ultimátum del juez supervisor para que presentaran pruebas fehacientes de la existencia de la cartera de inversiones que respaldaría su plan. Mientras tanto, el conglomerado intenta desprestigiar a quienes buscan justicia, llegando a acusar en su último comunicado a un grupo de abogados en Venezuela de incurrir en “prácticas de carácter extorsivo”, a pesar de que -según el Grupo Cartera- estos solo representan a un 5% de los afectados y buscan que el proceso se acelere.
La justicia, como bien señalan los abogados que representan a los acreedores, es a menudo tardía, pero el objetivo es claro: que los responsables se apersonen, presenten sus documentos y demuestren que las graves acusaciones en su contra son infundadas. Mientras el proceso judicial avanza, los acreedores se enfrentan a una cruda realidad: su dinero sigue en un limbo, y la solución ofrecida es una promesa a futuro que parece más una estrategia de evasión que una genuina voluntad de reparar el daño.
La pregunta que flota en el aire es si la justicia de Curazao logrará finalmente desenredar esta madeja de opacidad financiera y hacer que los responsables rindan cuentas por el colosal agujero patrimonial que dejaron tras de sí.
