El pasado viernes 8 de noviembre de 2024, Telefónica fue objeto de una sanción de 85 millones de dólares (equivalentes a 80 millones de euros) impuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La razón: sobornar a funcionarios del Gobierno de Venezuela a través de cuentas bancarias estadounidenses. La compleja operación de sobornos se basó en la manipulación de divisas para evadir la devaluación de la moneda venezolana. Este esquema se ocultaba mediante la compra de material a proveedores chinos a un precio inflado, generando un excedente que se utilizaba para los pagos ilícitos. Esta sanción representa la mayor impuesta por las autoridades estadounidenses a una empresa española que cotiza en bolsa.
Según fuentes cercanas al caso, Pedro Cortez, quien fuera el consejero delegado de la filial venezolana durante el periodo en que se realizaron los pagos a miembros del gobierno de Nicolás Maduro (entre 2012 y 2018), fue destituido. Tras su periodo en Venezuela, Cortez fue ascendido por José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica, a la dirección del negocio en Perú en 2018. Posteriormente, en 2023, fue nombrado director de estrategia de Hispam, la división que abarca las operaciones de la compañía en México, Chile, Argentina, Ecuador, Perú y Uruguay. Su relación con Telefónica finalizó el verano de 2024, según un reporte de El Confidencial.
Telefónica, participada por el Gobierno español a través de la SEPI y por Criteria Caixa, estaba al tanto de la magnitud de la sanción desde hacía meses. La empresa negociaba con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para acordar el pago de una multa considerable, buscando evitar un juicio con consecuencias potencialmente más severas. El acuerdo incluía el despido de los principales responsables de los sobornos, siendo Pedro Cortez, como máximo ejecutivo en Venezuela durante el periodo investigado, el principal afectado.
Contexto de la cúpula directiva durante los sobornos y auditoría interna
Durante el periodo en que se produjeron los sobornos, César Alierta presidía Telefónica, mientras que José María Álvarez-Pallete ocupaba el cargo de consejero delegado y Ángel Vilà el de director de Finanzas Corporativas. Una auditoría interna encargada por la propia Telefónica, que años atrás había implementado un estricto protocolo contra la corrupción, eximió de responsabilidades tanto a Álvarez-Pallete como a Vilà, actual consejero delegado. Según fuentes conocedoras de la situación, la auditoría concluyó que las actividades ilícitas se limitaron exclusivamente a la filial venezolana.
En aquel entonces, Eduardo Caride, un ejecutivo argentino, dirigía las operaciones de Telefónica en Latinoamérica. Actualmente, Caride forma parte del consejo asesor de Hispam, el holding que agrupa todas las filiales de la compañía en Latinoamérica, con la excepción de Brasil.
En abril de 2023, con la investigación en un estado avanzado, Telefónica destituyó a Rafael del Río, director de Riesgos y Control Interno. Esta decisión se justificó como una medida para reforzar el gobierno corporativo, ante las sospechas de posibles irregularidades en contratos con proveedores, que habían dado lugar a una investigación interna. El departamento dirigido por Del Río, crucial en la prevención de la corrupción, dependía del área de Auditoría y posteriormente pasó a depender de la Dirección General de Compliance.
Daño reputacional y antecedentes con la SEC
Fuentes cercanas a Telefónica reconocen el perjuicio causado por esta sanción, no solo por su cuantía, la mayor impuesta a una empresa española en Estados Unidos, sino también por el impacto negativo en su reputación. Este daño se agrava por no ser la primera vez que el grupo se ve obligado a pactar una sanción con la Securities Exchange Commission (SEC), el regulador bursátil estadounidense. Si bien en la ocasión anterior la multa fue considerablemente menor (4 millones de dólares), el hecho de que Telefónica haya tenido que pagar por regalar entradas para el Mundial de Brasil de 2014 a funcionarios brasileños, sentó un precedente.
Telefónica, que encomendó la investigación interna a Pablo de Carvajal, secretario del consejo de administración, con la colaboración de Miguel Sánchez San Venancio, responsable de Seguridad, se ha comprometido con las autoridades estadounidenses a cooperar plenamente en cualquier investigación futura y a cumplir rigurosamente con la normativa contra la corrupción y el blanqueo de capitales. Esta colaboración y compromiso buscan mitigar las consecuencias a largo plazo de este episodio y recuperar la confianza del mercado.
