El pasado viernes 8 de noviembre de 2024, se anunció que Telefónica S.A., el mayor operador de telecomunicaciones de España, acordó pagar más de 85 millones de dólares para resolver una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La investigación se centra en un esquema de sobornos a funcionarios venezolanos, que incluía lujosas vacaciones en el Caribe y costosos relojes, a cambio de favores en la adjudicación de subastas de divisas. Este no es el primer encuentro de la compañía con acusaciones de soborno en Estados Unidos. En 2019, Telefónica tuvo que pagar una multa de 4,1 millones de dólares a la Comisión de Bolsa y Valores por proporcionar entradas para la Copa Mundial de la FIFA a funcionarios extranjeros a quienes buscaba influenciar.
El esquema de sobornos en Venezuela comenzó aproximadamente en 2014, cuando una subsidiaria de Telefónica sobornó a dos funcionarios venezolanos, según la agencia AP. El objetivo era asegurar su participación en una subasta que permitiría a la empresa obtener dólares estadounidenses a cambio de bolívares, la moneda venezolana. Según el Departamento de Justicia, la subsidiaria venezolana de Telefónica inflaba los precios de los equipos que compraba a proveedores multinacionales. Estos proveedores, a través de intermediarios, pagaban los sobornos en nombre de Telefónica, en un intento de ocultar el esquema ilegal. Vale acotar que Movistar es la subsidiaria de Telefónica en Venezuela.
Detalles del esquema de corrupción
Gracias a este esquema de sobornos, Telefónica obtuvo más de 110 millones de dólares en subastas de divisas. En aquel momento, estas subastas representaban la única vía para que las empresas extranjeras sortearan los estrictos controles cambiarios impuestos por el gobierno venezolano. Estos controles buscaban frenar la fuga de capitales y obligaban a las empresas a repatriar sus ingresos en bolívares, una moneda fuertemente devaluada por años de inflación de tres dígitos. La cantidad obtenida por Telefónica representó aproximadamente el 65% de los 172 millones de dólares otorgados a las empresas de telecomunicaciones en 2014, según documentos judiciales presentados en Manhattan.
Nicole Argentieri, Fiscal General Adjunta Principal y directora de la División Penal del Departamento de Justicia, declaró que “Telefónica Venezolana optó por apoyar a un régimen corrupto para sortear las dificultades de realizar negocios legales en Venezuela”. Los registros judiciales detallan que, en mayo de 2014, un alto ejecutivo de Telefónica fue citado a una reunión con dos funcionarios venezolanos (cuya identidad se mantiene anónima). En dicha reunión, se le informó al ejecutivo que Telefónica tendría que pagar una “comisión” sobre los fondos adjudicados en la subasta de divisas.
Consecuencias y contexto de la operación
Parte de los fondos obtenidos a través de este esquema de corrupción se utilizaron para financiar unas vacaciones de 500.000 dólares para uno de los funcionarios venezolanos en la isla caribeña de San Bartolomé. Adicionalmente, durante la estancia en San Bartolomé, se gastaron 605.000 dólares en relojes y joyas de lujo para el funcionario y su cónyuge.
La filial venezolana de Telefónica enfrenta cargos en un tribunal federal de Estados Unidos por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Sin embargo, evitará el procesamiento judicial si cumple con ciertas condiciones estipuladas en un acuerdo con el Departamento de Justicia. Telefónica, que opera en Venezuela desde hace dos décadas bajo la marca Movistar, tiene presencia en 12 países, principalmente en Latinoamérica. Actualmente, cuenta con 8 millones de clientes de telefonía móvil en Venezuela. Hasta el momento, Telefónica S.A. no ha emitido comentarios públicos sobre este caso.
