Por Karem Galvez
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Juan Eduardo Hidalgo de Areba, jinete venezolano, se ha labrado un nombre en el competitivo mundo de la equitación en Florida. A mediados de 2017, Hidalgo fundó en Miami, junto a Alfredo González, un antiguo conocido, la escuela de equitación La Cuadra Show Stables. Esta empresa, sin embargo, tiene raíces que se remontan a 2003, cuando Hidalgo colaboró con González en la creación de Pro-Riding Stables, Inc, la entidad legal detrás del negocio ecuestre.
Aunque González estuvo al frente de la compañía durante catorce años, cambiando su denominación comercial en varias ocasiones, pero manteniendo el nombre legal de Pro-Riding Stables, Inc., antes del arribo de Hidalgo en 2017, Pro-Riding Stables, INC. tuvo otras ubicaciones en Florida. La colaboración entre ambos culminó en 2019. Desde entonces, Hidalgo tomó las riendas en solitario, rebautizando la escuela como “Juan Hidalgo Show Stables”, en una aparente muestra de egolatría.
Bajo su tutela, tanto él como sus pupilos han cosechado laureles en torneos en Wellington y Ocala, consolidando el renombre de la escuela en el ámbito ecuestre de Florida. Este reconocimiento ha atraído a nuevos jinetes, ávidos de emular los triunfos de sus predecesores. No obstante, no todo es brillo en el establo de Hidalgo; controversias y escándalos, hasta ahora silenciados, acechan su emporio ecuestre.
El origen de Hidalgo se encuentra en una familia de clase media de Valencia, estado Carabobo, Venezuela. Es uno de los cinco vástagos del fallecido Wladimir Eduardo Hidalgo Báez y de Ana Luisa Areba Vázquez, conocida como “Anilu”. Su madre es una antigua profesora de la Universidad de Carabobo.
Un clan familiar en la diáspora: de Venezuela a España y EE. UU.
Los hermanos Hidalgo Areba, al igual que muchos venezolanos, optaron por emigrar a Estados Unidos. Sin embargo, mantienen lazos con España, particularmente con Madrid, debido a vínculos familiares. Ana Luisa Hidalgo, hermana de Juan Eduardo, es un ejemplo de esta conexión transatlántica, siendo la fundadora de Furia Flamenca, una academia de baile flamenco con sedes en Coral Gables y Key Biscayne, en Miami.
Pero el giro más inesperado lo ha protagonizado el propio Juan Eduardo. Hasta al menos inicios de 2013, se desempeñaba en una empresa de reclutamiento de talento humano con oficinas en Caracas y Valencia, en Venezuela. En un sorprendente salto, en 2017, se convirtió en propietario de La Cuadra Show Stables en Miami. Su transformación no se limitó al ámbito profesional; pues de residir en una vivienda alquilada en Miami, pasó a adquirir, en septiembre de 2019, una casa en Doral por más de medio millón de dólares, donde se instaló con su familia. Este meteórico ascenso contrasta con la realidad de muchos de sus compatriotas, que luchan por establecerse en un nuevo país, como EE.UU.
Un vínculo con la minería ilegal en Colombia
La propiedad donde opera Juan Hidalgo Show Stables, la escuela de equitación de Juan Eduardo Hidalgo, encierra una trama que se extiende hasta un escándalo en Colombia. La fastuosa mansión, ubicada en 5900 Sw 123rd Ave, Miami, y hoy valorada en más de 3 millones de dólares, fue adquirida en febrero de 2016 por casi la mitad de su valor actual, por el empresario iraní-estadounidense Hassan Jalali Bidgoli.
La compra se realizó a través de una firma comercial que Jalali Bidgoli había constituido en Florida ese mismo mes, apenas unos días antes de la transacción. Jalali Bidgoli, quien según conocidos, habla un español fluido y está casado con Viviana Vargas – una ciudadana de origen latino-, continúa siendo, hasta la fecha, el gerente de la empresa propietaria del inmueble.
El 5 de diciembre de 2018, al año siguiente del inicio de actividades de la escuela de equitación en Miami, salió a la luz que las autoridades colombianas habían abierto una investigación contra Jalali Bidgoli. Ese día, un juez dictó 13 órdenes de captura, incluyendo a Jalali Bidgoli y a su socio, el también iraní-estadounidense, Amir Mohit-Kermani, por su presunta implicación en un escandaloso caso de minería ilegal y ecocidio en el departamento colombiano de Chocó.
En 2021, una investigación periodística conjunta desveló pormenores del caso de minería ilegal y cómo este permanecía en la impunidad, en medio de acusaciones de actividad mafiosa en Chocó.
Oro ilegal y evasión
En 2018, dos nombres surgieron en una intrincada red que conectaba la suntuosidad de Miami con la explotación minera en Colombia: Hassan Jalali Bidgoli, un promotor inmobiliario, y Amir Mohit-Kermani, quiropráctico y aficionado a los Ferrari. Ambos, de ascendencia iraní, fueron implicados en un proceso judicial por minería ilegal en el Chocó, una región asolada por esta práctica.
Documentos judiciales revelan que Jalali y Mohit-Kermani comenzaron sus operaciones mineras en Colombia a través de dos empresas establecidas en 2011: Tala Internacional Trading S.A.S y Talbras S.A.S. Los nombres de estas compañías evocan tanto la palabra “oro” en persa (tala), como la presencia de dragueros brasileños (“bras”). Estas sociedades se convirtieron en el centro de una operación que, según las autoridades, extraía oro sin poseer títulos mineros ni permisos ambientales. Un informante señaló que Jalali buscaba nuevas oportunidades de negocio debido a la crisis en el sector de la construcción que atravesaba Florida en 2011, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
La red, en la que participó Moisés Ortiz Martínez, exrepresentante legal de Talbras, operaba en los municipios de Río Quito y Medio San Juan, e incluso en una desembocadura del río Atrato.
Acusaciones cruzadas y amenazas: El testimonio de Ángela Salazar
Aunque en 2018 se libraron órdenes de captura contra Jalali y Mohit-Kermani, sus representantes legales en Colombia negaron la existencia de tales órdenes. En Estados Unidos, su defensa admitió la existencia de una circular azul de Interpol, pero no una petición de arresto internacional.
La abogada Ángela Salazar, quien trabajó para los iraníes, relató que “los iraníes” trajeron a Moisés Ortiz, quien, según su testimonio, empeoró la situación. El vínculo entre Salazar y Ortiz se deterioró rápidamente, culminando con el despido de la abogada y una posterior demanda laboral. La contraparte refutó las violaciones laborales y ganó el litigio, una decisión que Salazar achacó a un repentino cambio de actitud del juez.
El testimonio de Salazar se tornó más grave al aseverar que, tras la demanda, Ortiz la acusó falsamente de ser confidente del Ejército en la zona, poniéndola en peligro frente a grupos guerrilleros y paramilitares. Esta imputación, según Salazar, buscaba amedrentarla y desacreditarla.
Salazar mencionó que, según sus informaciones, la draga en la que inicialmente invirtieron los iraníes fue trasladada desde Antioquia al Chocó, coincidiendo con el relato de Josecarlo Souffront, un venezolano radicado en Colombia que se dedicaba a comprar y vender oro con destino a Miami.
Inversiones, disputas y fugas: El relato de Souffront y Marulanda
A pesar de las acusaciones, Jalali y Mohit-Kermani no han sido hallados culpables en Colombia. Sin embargo, cinco miembros de la organización, incluyendo a Ortiz, fueron condenados en 2019 por delitos ambientales y asociación para delinquir, aunque no fueron encarcelados, tras un dudoso proceso judicial.
La historia se inicia en 2010, cuando, según Jalali y Mohit-Kermani, prestaron dinero a Carlos Marulanda, un colombiano interesado en el negocio del oro. Marulanda, junto con Josecarlo Souffront, compraba y vendía oro con destino a Miami. La versión de Jalali y Mohit-Kermani difiere de la de Marulanda y Souffront, quienes aseguraron que se trató de una inversión para adquirir una draga.
Según estos últimos, Jalali y Mohit-Kermani, seducidos por la “fiebre del oro”, invirtieron 100,000 dólares en la draga. No obstante, la relación se agrió. Souffront declaró que los iraníes pretendieron inmiscuirse en sus operaciones y que, tras su negativa, fue amenazado y despojado de su negocio por una “oficina de cobro” u organización criminal colombiana, presuntamente a instancias de los iraníes, viéndose forzado a huir de Colombia en 2011.
Contradicciones y pagos a grupos armados
Según reportes periodísticos en 2021, Jalali y Mohit-Kermani, por su parte, manifestaron que crearon Tala International Mineral Trading S.A.S para resarcirse de las pérdidas y que contrataron a la abogada Ángela Salazar para conseguir licencias. Salazar, sin embargo, ofreció una versión distinta: aseguró que los iraníes llevaban a cabo supuestas actividades ilícitas y que, tras discusiones y su posterior despido por parte de Ortiz, fue acusada falsamente de colaborar con el Ejército, lo que puso en riesgo su vida.
Moisés Ortiz, primo de la suegra de Jalali, asumió la dirección del proyecto en Colombia. Según la abogada Salazar, y ratificado por diversas fuentes, en el Chocó “todo el mundo paga vacuna” a grupos armados para poder operar, incluyendo a la fuerza pública, a cambio de protección e información sobre operativos.
Salazar aseveró que fue contratada para asesorar legalmente a Talbras, constituida inicialmente por empleados de Jalali para, según ella, “ganar tiempo” en la obtención de permisos. No obstante, pronto surgieron desavenencias. La abogada señaló que, pese a presentar opciones de lugares con títulos mineros y permisos ambientales, los iraníes mostraban desinterés, lo que la llevó a sospechar de operaciones ilegales.
La organización operó en Río Quito a través de Vencol Mineral S.A.S, creada por Ortiz, y posteriormente en San Miguel, con Dragados San Miguel S.A.S. Si bien Jalali y Mohit-Kermani negaron vinculación con Vencol, admitieron haber suministrado el equipo de minería.
A los integrantes de la trama se les imputó desviar cauces de ríos y contaminarlos con mercurio, entre otros perjuicios ambientales.
La minería ilegal, más lucrativa que el narcotráfico, según el exfiscal general colombiano Jorge Perdomo, ha causado estragos en el Chocó. La contaminación por mercurio, la deforestación y el daño a los ecosistemas son palpables. Las comunidades, atrapadas entre la dependencia de la minería y el abandono estatal, sufren las consecuencias.
Mientras tanto, en Miami, Jalali y Mohit-Kermani acumulaban propiedades lujosas. Jalali, relacionado con numerosas compañías, incluso en paraísos fiscales, y Mohit-Kermani, con una lujosa residencia, disfrutaban de una vida alejada de la realidad del Chocó, donde la minería ilegal proseguía su curso, dejando un reguero de destrucción y un futuro incierto.
Jalali Bidgoli y sus empresas son dueños de propiedades valoradas en millones de dólares en Miami, incluyendo el hotel Ocean Five.
Es crucial señalar que Jalali Bidgoli ha refutado las acusaciones en su contra a través de sus abogados, aseverando que jamás participó directamente en faenas mineras ilegales en Colombia.
Entre el glamur que emana de la escuela de Juan Eduardo Hidalgo y que seduce a entusiastas de la hípica, resalta que el inmueble donde se ubica Juan Hidalgo Show Stables, fuera adquirido por Jalali en 2016, coincidiendo con la época en la que, según las autoridades colombianas, Jalali se había involucrado en actividades mineras ilegales investigadas en Colombia. Resulta llamativa también la prosperidad del centro ecuestre, que ya en 2019, cuando Juan Eduardo Hidalgo tomó el mando por completo, disponía de no menos de 15 caballos.
Interrogantes y conexiones iraníes: ¿Una célula encubierta en el mundo ecuestre de Miami?
Adicionalmente, llama la atención el interés mostrado y el rol que desempeñan ciudadanos iraníes en Juan Hidalgo Show Stables, algunos de ellos criadores de caballos persas, oriundos de la ciudad iraní de Mashhad, quienes en ciertos casos tienen familiares en las filas del Ejército iraní. Ante esto, surgen interrogantes: ¿Es acaso Juan Hidalgo Show Stables una especie de célula iraní opaca bajo la apariencia de la equitación? ¿Constituye o no todo este panorama un asunto delicado de seguridad nacional para Estados Unidos?
Pero, por si no fuera suficiente con el escándalo de minería ilegal que planea, como una sombra, sobre los orígenes de Juan Hidalgo Show Stables, otro asunto relacionado con la escuela de equitación resulta igualmente perturbador.
Juan Eduardo Hidalgo de Areba ha establecido una suerte de alianza con su compatriota, el también instructor de equitación venezolano Pablo Francisco Sandoval Torres, quien, en la jerga venezolana, proviene de una familia “enchufada”, relacionada en Venezuela con el ámbito militar.
Mientras Juan Eduardo Hidalgo dispone de las empresas de maletín “Pro-Riding Stables, Inc” y “Juane H, Corp.” – se les llama así porque carecen de sede propia –, Pablo Sandoval Torres posee, en la misma ubicación en Miami donde reside Hidalgo, la también firma de maletín “Adeec Equestrian Services LLC”, constituida por Sandoval en mayo de 2023.
En meses recientes, las actividades de Pablo Sandoval Torres se han centrado, no en Florida, sino en Caracas. Pablo Francisco Sandoval ejerce como instructor en la Academia de Equitación Cariello, fundada y dirigida por el también jinete Eduardo Cariello Blonval. Cariello, además, ha sido profesor de equitación en el exclusivo desarrollo residencial Caracas Country Club.
La Academia de Equitación Cariello se ubica en la Avenida Principal Lomas de La Trinidad, antigua carretera Las Minas – Baruta, Quinta San Pedro, en Caracas. El lugar funciona como una especie de complejo en el que también opera la Fundación San Pedro y el Centro de Terapia Integral de Venezuela (CTIV), que ofrece innovadoras terapias y tratamientos para la rehabilitación de niños, incluyendo la equinoterapia. Una de las exigencias a los alumnos de la Escuela Cariello es, además de pagar por cada clase de equitación, realizar aportes económicos al Centro de Terapia Integral.
Más allá del papel de Pablo Sandoval Torres como profesor de hípica y socio de Juan Eduardo Hidalgo de Areba, existe otra realidad innegable. Sandoval Torres es hijo de Pablo Francisco Sandoval Mata, un coronel retirado, egresado en 1969 de la promoción General en Jefe José Gregorio Monagas, de la entonces Escuela Militar de Venezuela – ahora denominada Academia Militar del Ejército Bolivariano –.
Aunque los tiempos de gloria en el mundo militar venezolano, del padre del jinete Pablo Sandoval Torres, se remontan a la llamada Cuarta República, es decir, antes de la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela, el coronel retirado Pablo Francisco Sandoval Mata parece haber iniciado un camino muy diferente tras haber dejado atrás la carrera castrense.
Negocios familiares, contratos estatales y “doble moral” en Miami
Tras su retiro, el coronel (r) Pablo Sandoval Mata se dedicó a los negocios, desde al menos los años 90, viendo prosperar algunos de sus emprendimientos, luego de la llegada de Chávez al poder. Sin que se conozca a ciencia cierta el origen de su fortuna, el coronel (r) Sandoval Mata se convirtió en accionista de compañías de ingeniería, obras civiles y construcción, entre las que figuran Grupo Construtech, C.A., en Caracas; o Ingeniería y Construcciones Mora Arreaza Sandoval, C.A., en el estado Bolívar, además de haber sido dueño de otra empresa en Caracas denominada Cavenin Inversiones C.A.
En un país como Venezuela, resulta improbable que empresas contratistas como las del coronel (r) Sandoval Mata hayan podido florecer sin recibir contratos de instituciones gubernamentales, durante más de dos décadas, tiempo de existencia de Grupo Construtech, C.A.
Un caso que evidencia los beneficios estatales obtenidos por el coronel (r) Pablo Sandoval Mata es el de Distribuidora Proteus, C.A., empresa fundada en Caracas por el coronel (r) Sandoval Mata en 1997, en sociedad con su hermana, Coromoto Sandoval. Coromoto es una destacada licenciada en bioanálisis, egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y con estudios de postgrado en Brasil.
Aunque legalmente, Coromoto figura ahora como propietaria única de la empresa, entre allegados es conocida la sociedad entre ambos hermanos. Tanto Grupo Construtech, C.A. como Distribuidora Proteus, C.A., funcionan o han funcionado, aunque en locales diferentes, en la Avenida Neverí, Centro Comercial Los Chaguaramos, Urbanización Los Chaguaramos, en Caracas. Distribuidora Proteus, C.A. se dedica a la distribución de insumos, materiales y equipos para laboratorios de microbiología y bioanálisis. Entre sus clientes se encuentran entidades estatales, como el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), de las cuales la familia Sandoval ha recibido jugosos contratos.
A Pablo Sandoval Torres, además de ser accionista de Grupo Construtech, C.A., junto a su padre, madre y hermanos, y de la empresa de maletín que creó en Florida en alianza con su colega Juan Eduardo Hidalgo, no se le conocen otras incursiones empresariales, pero ha mantenido su actividad en un deporte costoso como la equitación.
Una persona familiarizada con el asunto asegura que Sandoval Torres se ha beneficiado de las empresas familiares en su carrera ecuestre. Incluso se rumorea que ha utilizado a su amigo Juan Eduardo Hidalgo para invertir en Florida. Se especula que el “enchufe” estatal de la familia Sandoval en Venezuela ha contribuido a la prosperidad de Juan Hidalgo Show Stables en EEUU.
Comunidad espiritual
María Isabel Lander Silva, esposa de Juan Eduardo Hidalgo, ha iniciado en Miami su propio negocio, “Ananda Circle”, una comunidad espiritual donde ofrece talleres de desarrollo personal. No queda claro si en estos talleres, “Vivi”, como Lander se hace llamar, explica su propia transición de vivir en una casa arrendada en Miami a poseer una propiedad ahora valorada en más de 600.000 dólares.
María Isabel Lander (abrigo beige) y su socia envían mensaje a sus seguidores
Resulta irónico que, mientras María Isabel Lander instruye a otras mujeres sobre cómo ser mejores personas, su esposo parece edificar su escuela de equitación sobre las sombras de una selva arrasada y contaminada por la minería ilegal en Colombia, y sobre su asociación con un miembro de una familia que ha recibido contratos de las administraciones chavistas, contra las que muchos venezolanos en Florida, incluyendo los propios esposos Hidalgo Lander, vociferan consignas de desagrado.
